Son dos los conceptos que suenan con más fuerza cuando se aborda la nueva temporada de Juntas 2013: shareholders’ spring y proxy advisors. El activismo accionarial como la influencia de los asesores de voto son los principales desafíos a los que se van a tener que enfrentar las sociedades cotizadas cuando preparen y celebren sus Juntas generales este año.

 

Por Mónica Represa
Por Mónica Represa

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Al inicio de la temporada de Juntas 2013 está ya superada, con éxito menor al esperado, la implantación práctica de la Ley 25/2011 y por tanto de la “Directiva de voto transfronterizo” de la que aquella traía origen. Tanto la una como la otra tenían el propósito, sin duda noble, de fomentar la participación de los accionistas en el (buen) gobierno de las sociedades cotizadas. Sin embargo, muchas de las modificaciones introducidas por la norma se han limitado a dotar de rango legal a prácticas que las sociedades cotizadas ya habían adoptado, fundamentalmente a través de las recomendaciones de gobierno corporativo.

Y aquellas cuestiones que de antemano podían parecer más novedosas han tenido una acogida escasa. Así se desprende del estudio sobre las prácticas seguidas por las Sociedades del Ibex 35 en las Juntas ordinarias de 2012 que Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha preparado junto con Georgeson (se puede consultar aquí).

Pongamos algunos ejemplos.

Una de las innovaciones de la Ley 25/2011 ha sido reconocer el uso de cuestionarios de pregunta y respuesta (los llamados “Q&A”) como modulación (o canal de respuesta, para los mejor intencionados) del derecho de información del accionista. Se permite así que, ante las preguntas que realicen los accionistas en ejercicio de su derecho de información, los consejeros no tengan porqué dar una respuesta particular y puedan remitirse al Q&A. Pero solo si la información solicitada está clara y directamente disponible en la página web de la compañía con anterioridad a la formulación de la pregunta.

Ante estos requisitos, la pregunta (valga la redundancia) que uno se hace es qué grado de capacidad adivinatoria necesitaría el Consejo para anticipar las preguntas que se le pueden plantear a un minoritario. Para una sociedad cotizada resultaría complicado elaborar un Q&A de carácter general pero que a la vez sea claro, directo, (y concreto y cumpla también el resto de requisitos que la jurisprudencia viene exigiendo a la respuesta al derecho de información de los accionistas). El uso de Q&A, por tanto, no es la panacea. Pero probablemente tampoco lo pretenda ya que no es un instrumento pensado para “desactivar” el derecho de información de los accionistas. Y en esta línea, el uso dado por las cotizadas a este instrumento, de manera sensata, ha consistido en preparar cuestionarios parciales sobre temas muy específicos o de carácter técnico. Esto sí puede ayudar a los administradores a gestionar una respuesta común a preguntas que, por tratar una cuestión más concreta, es previsible que se susciten a la colectividad de los accionistas. Pero difícilmente el instrumento de los Q&A podrá servirle a la sociedad frente a un accionista con “voracidad informativa”.

«El uso de Q&A, por tanto, no es la panacea. Pero probablemente tampoco lo pretenda ya que no es un instrumento pensado para “desactivar” el derecho de información de los accionistas».

Idéntica suerte irregular ha corrido la autorización para reducir el plazo de convocatoria de Junta extraordinaria de 1 mes a 15 días. Como forma de agilizar la toma de decisiones “extraordinarias” por los accionistas, la Ley 25/2011 permite que se pueda convocar Junta extraordinaria solo con 15 días de antelación, siempre que se ofrezca a los accionistas la posibilidad de votar por medios electrónicos accesibles a todos ellos. Pero la experiencia nos dice que lograr el quórum exigido para aprobar esta reducción de plazo no está al alcance de todas las cotizadas. En la práctica, además, cuando se prepara el orden del día de una Junta ordinaria se pueden anticipar muchos acuerdos de carácter extraordinario que la Junta aprueba y cuya ejecución delega en el Consejo (adquisición de acciones propias, aumento de capital, emisión de obligaciones, etc.). Y una reflexión adicional es que resulta poco viable poder completar en el plazo de 15 días la cadena de custodia, de forma que al accionista le llegue la tarjeta de asistencia, voto y delegación con tiempo suficiente para asistir y votar en esa Junta (particularmente si accionistas o custodios son extranjeros)¿Y a partir de ahora qué? Bien, es probable que en 2013 las sociedades cotizadas sigan perfeccionando los mecanismos de participación de sus accionistas, yendo, en muchos casos, más allá de lo que exige la norma. Porque si algo ha quedado claro del curso de los acontecimientos durante 2012 es lo importante que es conocer al accionariado e involucrarlo en la toma de decisiones.

Previsiblemente las preocupaciones en la agenda del accionista para este año 2013 se centren en mejorar los sistemas de participación en la Junta, cobrando especial importancia el papel de los intermediarios fiduciarios y el control de la formación de la voluntad social al regular los sistemas de voto; en las formas de representación en la Junta y la gestión de los conflictos de interés de los administradores representantes; en el examen de los nombramientos y reelecciones de los consejeros; y, sobre todo, en las retribuciones que se propongan, tanto para los administradores, como para los accionistas (lo que en este último caso requiere además un esfuerzo creativo, dadas las circunstancias económicas actuales). Que quizás no son temas tan novedosos, pero sí clásicos que no pasan de moda.

Por Mónica Represa
By Mónica Represa

(Artículo disponible en español).

Two key concepts are dominating the 2013 meetings: shareholder spring and proxy advisors. Based on last year’s experience, shareholder activism and the influence of the proxy advisors are the main challenges listed companies must face when preparing for and conducting their general meetings this year.

Amendments introduce by Act 25/2011 that were of relevance for the 2012 meeting season are no longer a key issue for this year’s meetings. Practical implementation of Act 25/2011 during the 2012 meeting season was less successful than expected. The Act that incorporates the “Directive on cross-border exercise of the voting rights” had the no doubt noble intention of encouraging shareholders to participate in the (good) governance of listed companies. However, many of the changes introduced by the act were already implemented by listed companies as good governance practices whereas those issues that seemed more innovative have had a lukewarm effect. This is a key finding from the study into the practices followed by Ibex 35 companies at their 2012 general meetings that Cuatrecasas, Gonçalves Pereira carried out with Georgeson (click here to read the study).

Here are some examples:

One of the innovations of Act 25/2011 has been its recognition of the value of Q&A questionnaires as a means of regulating the shareholders’ right to information. Thus, when faced with a question from a shareholder the directors are not obliged to give an individual response and may refer to the Q&A provided the information requested is clear and was directly available on the company website before the question was raised.

How much visionary would the board of directors have to be to predict the questions a minority shareholder might ask? For listed companies seems difficult to create a general Q&A that at the same time is clear, direct and specific (and meets the other requirements case law provides for the answers to shareholders’ questions). The use of Q&A, therefore, is not a cure-all. It probably is not intended to be, as it was not designed to be a mechanism for neutralizing the right of shareholders to information. The sensible approach of the listed companies has, therefore, been to prepare partial questionnaires on very specific or technical subjects. This could help the directors to prepare a common response to questions which, as they deal with more particular issues, are more likely to rise to the majority of the shareholders. Thus, those Q&A would unlikely help a company faced with a shareholder that is “hungry for information.”

‘The use of Q&A, therefore, is not a cure-all.’

The right to reduce the notice period for calling an extraordinary meeting from a month to 15 days has met with a similar fate. Intended to speed up “extraordinary” decisions made by shareholders, Act 25/2011 allows for a special meeting to be called just 15 days in advance, provided that the shareholders are given the opportunity to vote by accessible electronic means. But experience tells us that the majority of two thirds of the voting capital that it is required for approving this reduction in notice period is not within the reach of all listed companies. It is also not very realistic pretending to complete the “chain of intermediaries” in 15 days. It is unlikely that in that time shareholders could receive their attendance, voting and delegation card in good time to attend and vote at the meeting (particularly if the shareholders, depositaries or custodians are foreigners). Finally, the practice of listed companies is to anticipate extraordinary issues by including them in the agenda for the ordinary meeting.

And now what’s next? Well, it is likely that in 2013, listed companies will continue to improve their shareholders participation mechanisms, probably going beyond the legal standards. If one thing has come clear from past season 2012, it is the importance of getting to know the shareholders and involving them in corporate decision making.

The hot topics included in the shareholders’ agenda are likely to center on improving participation methods in general meetings. Special importance will be given to the role of the trustees and monitoring how corporate will is formed under the different voting system methods; to the mechanisms for vote delegation and the management of conflicts of interest of the representatives; to addressing the appointment of the directors; and, above all, to remuneration proposed both for the directors and the shareholders (which in the latter case also requires creative effort, given the current economic circumstances). Perhaps these are not new issues, but timeless ones that never go out of fashion.

 

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