El pasado mes de septiembre, la Comisión Europea anunció el inicio del procedimiento de decisión de adecuación para transferencias internacionales de datos con Japón amparándose en el artículo 45 del Reglamento General de Protección de datos (RPGD), como analizamos en nuestra entrada.

El procedimiento concluyó el pasado 23 de enero cuando la Comisión anunció a través de un comunicado de prensa su decisión de adecuación relativa a Japón. Aunque es la primera decisión de adecuación que se realiza tras la plena aplicabilidad del RGPD, Japón no es el primer territorio sobre el que la Comisión se pronuncia en este sentido. Se une así a Andorra, Argentina, Canadá, Guernsey, Islas Feroe, Isla de Man, Israel, Jersey, Nueva Zelanda, Suiza, Uruguay y los Estados Unidos de América (este último, en el marco del denominado Escudo de Privacidad).

Durante la negociación, Japón introdujo algunas novedades en su ordenamiento jurídico para poder ofrecer unas garantías equivalentes al sistema comunitario. Entre ellas destaca la creación de un mecanismo de tramitación de reclamaciones ante la autoridad competente. De esta manera, para el caso de que un ciudadano europeo quiera ejercitar sus derechos en relación a datos que sean tratados en Japón, la autoridad de supervisión japonesa podrá acceder a los datos para así poder investigar y resolver la reclamación.

Esta decisión beneficiará a las empresas, dado que podrán transferir datos desde territorio comunitario a Japón sin necesidad de seguir los pasos establecidos en el artículo 46 del RGPD. Asimismo, podrán tener acceso a datos de consumidores japoneses y es que, según la comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, esta decisión supone “la creación de la mayor área mundial de flujo de datos seguros”.

Aunque la decisión no tiene un límite temporal definido, sí será monitorizada en el tiempo para garantizar que en Japón se siguen cumpliendo los estándares europeos y, por tanto, las transferencias de datos siguen siendo seguras. En un primer momento, se llevará a cabo una revisión en 2021 y, de ratificarse la adecuación, ya pasarían a hacerse cada cuatro años.

Autores: Esther Ballesteros y Albert Agustinoy

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