El 13 de mayo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Recordemos que el primer marco jurídico de protección de las Denominaciones de Origen españolas data de 1932 con el Estatuto del Vino, elevado con posterioridad a Ley por la de 26 de mayo de 1933 y que tenía por único objeto al vino, modificada por la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, y que extendió el modelo al resto de alimentos. Finalmente, la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y el Vino, supuso la última legislación nacional específica para el vino.

Sin embargo, los nuevos preceptos establecidos por normativa europea en materia de control oficial y por la específica para las Denominaciones de Origen Protegidas (“DOP”) y las Indicaciones Geográficas Protegidas (“IGP”), unidos a los múltiples cambios que ha experimentado el sector agroalimentario, han motivado esta ley por la necesidad de establecer un nuevo y único marco normativo nacional.

El objeto de la ley es el de establecer un nuevo régimen jurídico, complementario a la regulación europea, aplicable a las DOP e IGP, cuyo ámbito territorial se extienda a más de una comunidad autónoma y delimite con claridad las funciones de sus entidades de gestión y el ejercicio del control oficial por parte de la autoridad competente.

La ley, que consta de seis capítulos, regula y desarrolla las competencias que el ordenamiento jurídico atribuye dentro de la Administración General del Estado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con los productos agrarios y alimentarios amparados por una DOP o IGP, en particular las relativas a los controles oficiales.

Autores: Alejandro Negro y José Antonio Pontijas

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