En una esperada Opinión publicada el pasado 26 de julio, el AG Wahl se ha pronunciado sobre la preservación de la imagen de los productos como finalidad que puede justificar un sistema de distribución selectiva así como sobre la legalidad desde el derecho de la competencia de determinadas prohibiciones contractuales de venta online (Coty Germany GmbH v Parfümerie Akzente GmbH, C‑230/16).

El conflicto subyacente aquí es la validez de una prohibición contractual que Coty pretendía imponer a sus distribuidores en un sistema de distribución selectiva, de utilizar a terceros reconocibles por el público y que no fuesen revendedores autorizados para vender online los productos de aquélla. Akzente, distribuidor autorizado Coty, con establecimiento físico y venta online de productos a través de Amazon.de, se negó a aceptar la cláusula y Coty la demandó solicitando se le prohibiera la venta en esa plataforma.

En primera instancia, el Landgericht Frankfurt am Main desestimó la demanda por entender que, en aplicación de la doctrina del TJUE en la sentencia Pierre Fabre (C‑439/09, EU:C:2011:649), el objetivo de preservar la imagen de prestigio de una marca no justifica la introducción de un sistema de distribución selectiva, siendo por otro lado la prohibición propuesta una restricción especialmente grave del art. 4 del Reglamento de verticales 330/2010, y no pudiendo tampoco gozar de una exención individual por no estar acreditado que sus beneficios superasen a sus efectos anticompetitivos (lo mismo se podía conseguir por medios menos restrictivos, tales como exigir requisitos cualitativos al tercero en cuestión).

En apelación, el Oberlandesgericht decidió formular diversas cuestiones prejudiciales al TJUE. En particular, si los sistemas de distribución selectiva cuyo fin es asegurar la imagen de lujo de la marca son compatibles con el art. 101(1) TFUE; si la prohibición en cuestión es compatible con dicha disposición y, si no lo es, si debe interpretarse como una restricción especialmente grave (limitación de grupos de clientes o de ventas pasivas) del Reglamento de verticales.

En cuanto a la primera cuestión, el AG recuerda los tres criterios sentados por la sentencia Metro (C-26/76, EU:C:1977:167) para que un sistema de distribución selectiva no deba considerarse prohibido: (i) las características del producto han de hacer necesario acudir a un sistema de distribución de este tipo, en el sentido que la alta calidad o el alto nivel técnico del producto exigen una distribución selectiva para preservar la calidad del producto y asegurar su correcta utilización; (ii) los distribuidores deben ser elegidos sobre la base de criterios objetivos de carácter cualitativo, determinados uniformemente para todos ellos y aplicados de forma no discriminatoria; y (iii) tales criterios no deben ir más allá de lo que sea necesario.

Pues bien, por lo que respecta al primer criterio de Metro, el AG señala que entre las características de productos que justifican la aplicación de una distribución selectiva no sólo están las propiedades físicas de los mismos sino también la imagen de lujo que puedan tener. En los productos de lujo la imagen forma parte de sus propiedades y, en la medida en que las condiciones de su distribución (establecimientos, forma de exposición, etc.) afectan a esa imagen, resulta admisible preservarla mediante un sistema de distribución selectivo. En este punto, el AG propone una interpretación restrictiva de la controvertida sentencia Pierre Fabre, limitada al caso concreto sometido al tribunal (una cláusula contractual que imponía la presencia física en el punto de venta de un profesional cualificado), descartando extraer de la misma ninguna doctrina general sobre sistemas de distribución selectiva fundados en preservar la imagen de lujo de los productos.

También entiende el AG que una prohibición de utilizar plataformas de terceros para ventas online en las que éstos sean reconocibles para el público, está en línea con preservar la imagen de calidad de los productos y evitar el parasitismo (esto es, que las inversiones del fabricante y de otros distribuidores autorizados acaben aprovechando a terceros), y por tanto –siempre que el resto de los criterios de Metro se cumplan- sería admisible a la luz del art. 101(1) TFUE.

Finalmente, en el supuesto de que los demás criterios de Metro no e cumpliesen, no estaríamos no obstante ante una restricción “por objeto” y por tanto le sería, en su caso, aplicable el Reglamento de exención de restricciones verticales. Y a este respecto, el AG considera que la prohibición en cuestión no constituye una restricción de ventas a determinados grupos de clientes, ni tampoco de ventas pasivas, ya que al distribuidor selectivo se le permite vender online, siempre que sea a través de tiendas electrónicas y no plataformas de terceros.

Aunque obviamente habremos de esperar a la sentencia para pronunciarnos sobre sus efectos, la Opinión resulta de gran interés en cuanto propone en este tema una interpretación que vuelve la vista a los criterios inicialmente sentados por el TJUE en materia de distribución selectiva en el caso Metro y a la finalidad de los mismos, superando con ello las dudas planteadas por la sentencia Pierre Fabre.

Autor: Jorge Llevat

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