Fondo-Europeo-Defensa

El pasado 18 de abril de 2019, el Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Fondo Europeo de Defensa (en adelante, el “Reglamento”), que tiene como objetivo principal la estimulación de la competitividad, la eficiencia y la capacidad de innovación de la base tecnológica e industrial de la defensa en toda la Unión Europea (en adelante, la “UE”), que contribuya a la autonomía estratégica y a su liberad de acción (artículo 3).

El Reglamento nace del compromiso adoptado por la Comisión mediante el Plan de Acción Europeo de Defensa (el 30 de noviembre de 2016) de fomentar una industria europea de defensa competitiva, innovadora y eficiente en la UE y la promoción de adquisición de productos y tecnología de defensa europeos en el mercado interior con el objeto de reforzar la independencia frente a terceros países. La Comisión propuso la dotación de un Fondo Europeo de Defensa (en adelante, el “Fondo”), con 13.000 millones de euros para el periodo de 2021 a 2027, que materializase estos objetivos.

El Reglamento fomenta el desarrollo de una nueva generación de sistemas de defensa y de nuevas tecnologías de defensa, con el objetivo de aumentar la cooperación entre los Estados miembros a la hora de invertir en equipos de defensa (considerando segundo). De igual forma, promueve la garantía de la autonomía tecnológica de la industria de defensa de la UE (considerando tercero).

En relación con el concepto de autonomía tecnológica, el Reglamento permite la participación de empresas extracomunitarias en las acciones que se financien. Ahora bien, su participación queda supeditada al cumplimiento de la siguiente condición: los derechos de propiedad intelectual e industrial derivados de la acción de desarrollo o de investigación, así como los resultados de esta, deben seguir siendo del beneficiario de la dotación de fondos durante y después de la acción, y no deben estar sujetos a controles o restricciones a la exportación que puedan imponer terceros países.

La importancia de los derechos de propiedad intelectual e industrial en materia de defensa se constata asimismo en el análisis de los criterios de adjudicación del Fondo. En concreto, cada propuesta se analizará en función de, entre otros, “d) la contribución a la autonomía de la base tecnológica e industrial de la defensa europea, por ejemplo, aumentando la no dependencia frente a las fuentes externas a la Unión y reforzando la seguridad del suministro […]” (artículo 13.2).

La aprobación de esta propuesta no ha estado exenta de polémica. En concreto, el 1 de mayo de 2019, Estados Unidos de América (“EE.UU.”) mostró su disconformidad con la integración, cada vez mayor, de un mercado común en materia de armamento en la UE. Así, en una misiva dirigida a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, establece las posibles consecuencias, económicas y políticas, a las que se enfrentaría la UE en caso de seguir invirtiendo y desarrollando programas de armamento sin contar con terceros países, como EE.UU.

EE.UU. también ha mostrado su disconformidad en lo que respecta a la Cooperación Estructurada Permanente (“CEP” o “PESCO”, por sus siglas en inglés), adoptada el 11 de diciembre de 2017. La CEP tiene como finalidad profundizar la cooperación en materia de defensa entre los Estados miembros y reforzar conjuntamente las capacidades de defensa para ponerlas a disposición de las operaciones militares de la UE. En este contexto, se han desarrollado 34 proyectos de armamento en 25 Estados miembros de la UE.

La participación de terceros estados en los proyectos de la CEP depende de la aprobación por unanimidad de todos los Estados parte, lo que facilita un posible veto a la participación de EE.UU.

De acuerdo con EE.UU., la actuación de la UE supone un riesgo a la cooperación e integración de la industria armamentística adquiridas desde la firma de la Organización del Atlántico Norte (“OTAN”), en 1949, con motivo del final de la Segunda Guerra Mundial. Por ello, propone que se modifiquen los apartados del Reglamento relativos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y al control de exportaciones, así como el derecho de veto contenido en la regulación de la CEP.

Entre las consecuencias a las que, de acuerdo con EE.UU., la UE podría enfrentarse, destacan la posibilidad de que EE.UU. establezca vetos a los proyectos europeos, con el consiguiente impacto económico que esto conllevaría. EE.UU. también advierte de la posibilidad de que empresas europeas con actividad en el mercado estadounidense decidieran no participar en los proyectos de la CEP y del Fondo, para evitar la permanencia de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la UE, lo que supondría el incumplimiento de las normas de EE.UU. en materia de exportaciones.

Como se ve, la tecnología y la propiedad intelectual e industrial centran en los últimos tiempos la atención del sector de la defensa.

Autores: Marta Zaballos y Álvaro Bourkaib

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