propiedad intelectual

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El pasado jueves el Ministerio de Cultura y Deporte impulsó un protocolo para reforzar la protección de los derechos de propiedad intelectual. Este proyecto ha sido ampliamente consensuado por la industria de las telecomunicaciones y la industria cultural, contando con la rúbrica de la Coalición de Creadores e Industrias de contenidos, los socios de ésta, así como la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) y los operadores de acceso a Internet que forman dicha asociación (Telefónica, Orange, Vodafone y MásMóvil), además de Euskatel y Eurona.

Según la nota de prensa del Ministerio, este acuerdo tiene como objetivo ofrecer una respuesta global a los esfuerzos realizados por operadoras y creadores para mejorar la aplicación de la legislación vigente en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, para así garantizar la eficacia de las resoluciones judiciales y administrativas que declaren la condición de infractor de los derechos de autor de un determinado servicio digital.

La nota también destaca el amplio respaldo que ha recibido este documento, que ha sido suscrito por el 98% de la cuota de los operadores en España, suponiendo un hito de autorregulación y un avance tanto a nivel europeo como internacional.

El texto, que cuenta con el beneplácito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), será aplicable a aquellas webs que hayan sido declaradas judicialmente infractoras, habiéndose adoptado medidas de interrupción del servicio de acceso a Internet, siempre que concurran determinadas condiciones de reiteración de la conducta ilegal.

Adicionalmente, este acuerdo plantea constituir un Comité Técnico, en el que podrá intervenir el Ministerio a petición de cualquiera de las partes, para elaborar y enviar un listado semanal de webs espejo y réplicas de dominios ya contenidos en resoluciones jurisdiccionales previas, a efectos de solicitar bloqueos en el acceso a servicios ilegales o infractores.

Como ya expusimos en este blog, la vulneración de los derechos de propiedad intelectual continúa siendo una actividad sumamente atractiva para los delincuentes debido al movimiento económico que sigue generando. Y esta realidad, también se traslada a la red, precisamente el Observatorio de Piratería y Hábito de Consumo Digitales expuso en su estudio de 2019 que el perjuicio económico producido por los accesos ilegales ascendió a 2.437 millones de euros. Asimismo, ese mismo año, las arcas públicas dejaron de ingresar 673 millones de euros y, un total de 4.658 millones de euros en el período 2012-2019 a consecuencia de la piratería. Por otro lado, el estudio afirma que un escenario sin piratería podría crear cerca de 120.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Por todo ello, este acuerdo busca reforzar y agilizar la respuesta por parte de los operadores de servicios de internet, en aras de aplacar la aparición de webs infractoras y el consumo de contenidos ilícitos que vulneren los derechos de propiedad intelectual.

En definitiva, esta iniciativa muestra una apuesta seria y decidida por parte de todos los actores involucrados en la lucha contra la piratería y en preservar la protección de derechos de propiedad intelectual en un contexto eminentemente digital.

Autores: Inés Cabañas, Josu Andoni Eguiluz y Jorge Monclús

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