La pregunta surgió cuando lo hicieron las llamadas “webs de enlaces”, sitios web que establecen links sistemáticos y ordenados que redirigen a los usuarios que los activan a obras audiovisuales, musicales o literarias puestas a disposición del público ilícitamente en páginas web, servidores o equipos de terceros. Desde su creación, las “webs de enlaces” experimentaron un auge exponencial y empezaron a ser utilizadas masivamente por los usuarios para acceder rápidamente y de forma gratuita a contenidos protegidos.

Y en ese momento, decíamos, surgió el interrogante: ¿el mero establecimiento de un enlace, como éste, supone un acto de explotación de los derechos de propiedad intelectual del titular del contenido al que se enlaza (en el ejemplo, un modesto artículo de un blog de Internet)?

Durante años, los tribunales españoles, tanto penales como civiles, contestaron mayoritariamente de forma negativa a esa pregunta. Distintas Audiencias Provinciales aseguraron, así, que quien enlaza no explota ninguna obra protegida, pues el enlazador sólo indica un camino tecnológico para llegar a la creación, sin ofrecer ésta.

El debate no era sólo español y se replicaba en muchos países europeos. Por ello, la corte sueca de apelación de Svea planteó en 2012 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un conjunto de cuestiones prejudiciales, relativas todas ellas a si el establecimiento de enlaces en Internet debía ser considerado un acto de explotación de derechos de propiedad intelectual en el ámbito de la normativa comunitaria de los derechos de autor.

La respuesta del TJUE en la conocida Sentencia Svensson fue ambigua: un enlace podía suponer un acto de explotación sólo si permitía el acceso a una obra de un público nuevo, es decir, un público no considerado por los titulares de derechos al poner a disposición del público la creación por primera vez.

En el caso concreto de la Sentencia Svensson, dado que los enlaces sobre los que se cuestionaba redirigían a artículos periodísticos libremente accesibles en Internet con consentimiento de sus titulares, el TJUE aseguró que no había ningún acto de explotación, pues ningún público nuevo era remitido a las creaciones protegidas, que eran accesibles universalmente por cualquiera por decisión de sus titulares.

El debate se solucionó, por tanto, a medias: para algunos, Svensson dejó claro que el establecimiento de enlaces a contenidos infractores constituía un acto ilícito de explotación; para otros, si el contenido ilícito era libremente accesible sin limitaciones un enlace no podía suponer acto alguno de explotación de derechos de propiedad intelectual.

Así, con Svensson volvimos al principio, pues la controversia seguía sin resolverse plenamente. Es por ello que otro tribunal europeo, esta vez el “Hoge Raad der Nederlanden” holandés, ha lanzado otra serie de cuestiones prejudiciales al TJUE. La pregunta principal es directa y no ofrece escapatoria al TJUE: quien enlaza a un contenido ilícito ubicado en una web de un tercero ¿realiza un acto de explotación de derechos de propiedad intelectual?

Es de suponer que la resolución de este nuevo grupo de cuestiones prejudiciales sobre la consideración de los enlaces zanjará definitivamente un debate que ha provocado un sinfín de batallas judiciales en España y en Europa y cuyo enunciado titula este artículo.

Los efectos de la sentencia que en su día dicte el TJUE, además, pueden ser importantes, pues en la reciente reforma del Código Penal la actividad de las webs de enlaces se tipifica por primera vez como delito, lo cual podría entrañar contradicciones con un eventual pronunciamiento negativo de TJUE.

Autor: Pablo Ramírez

 

 

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