Mediante resolución de 14 de septiembre de 2016, la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) ha sancionado a Google Inc. con una multa de 150.000 euros por vulnerar el deber de secreto de aquellas personas que habían ejercitado el derecho al olvido frente al buscador mediante el formulario que el buscador habilitó al efecto a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso C-131/12.

Según pone de manifiesto la resolución, una vez Google ha atendido estas solicitudes, contacta con los webmasters de los sitios web afectados para informarles de aquellas páginas web concretas que ha eliminado de los resultados de búsqueda en respuesta a una consulta basada en un nombre específico.

En opinión de la AEPD, si bien esta comunicación no identifica de forma expresa al solicitante, el webmaster no necesita realizar un esfuerzo desproporcionado para identificarlo, por cuanto que, desde el momento en que recibe la comunicación de Google, sabe que alguno de los individuos que figuran en las páginas web especificadas por Google ha ejercido el derecho al olvido. “En ocasiones”, dice la resolución, “la identificación del interesado será directa, cuando sólo un nombre propio aparezca en la página. En otros casos, serán varios esos nombres propios, lo que no es obstáculo para que se esté transmitiendo información cuya naturaleza se ajusta al concepto de dato de carácter personal”.

La AEPD descarta que exista un interés legítimo por parte de los webmasters en conocer esa información y entiende que ésta no puede facilitarse a terceros sin el consentimiento del interesado o habilitación legal. Considera además que el hecho de que Google informe a los interesados, en el momento de formular su solicitud, de que puede proporcionar información a los webmasters sobre las páginas web retiradas de los resultados de búsqueda no supone la existencia de un consentimiento válido, ya que el formulario impone esa comunicación, sin que los interesados puedan “tomar la decisión por medio de una elección real y verdadera”.

El único supuesto en que la AEPD considera que la comunicación a los webmasters sería adecuado es cuando resulte necesaria “para evaluar en su contexto la procedencia de atender las solicitudes y no con el objetivo de reevaluar eliminaciones y rehabilitar resultados de búsqueda”, máxime cuando “Google no tiene esa facultad de revisión para negar a posteriori un derecho que ya hubiese sido reconocido, y que esa revisión, de llevarse a efecto, llevaría a la entidad a tratar nuevamente los datos del afectado en contra de su expreso deseo, en clara vulneración de la LOPD”.

Google puede recurrir esta resolución tanto en vía administrativa, mediante recurso de reposición, como en vía contencioso-administrativa, ante la Audiencia Nacional.

Autor: Sergio Sanfulgencio

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