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Hoy se celebra en Cataluña, una de las fiestas más queridas y esperadas de los catalanes: Sant Jordi, la fiesta de los libros, de la lectura y de la rosa. Esta fiesta coincide también con el día Internacional de Libro y no entiende de banderas, religiones o ideologías. Cualquiera que ame la cultura y quiera celebrarlo, no tiene más que salir a la calle y apuntarse a los eventos que se organizan o acercarse a los más de 180 tenderetes autorizados para la venta de libros y rosas (claro está, en formato tangible).

Las ferias y fiestas del libro como Sant Jordi, son uno de los principales eventos impulsados por las administraciones para contribuir al fomento de la cultura y del acceso a los libros, en cumplimiento, entre otras, de lo dispuesto en la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de la biblioteca (la “Ley del Libro”). Dicha ley encomienda principalmente a la Administración General del Estado, en cooperación con las comunidades autónomas, el objetivo de promover la lectura y la expansión de la industria del libro, procurando un equilibrio justo del libro en su doble dimensión, es decir, como elemento cultural y como producto de consumo. Un objetivo más que lícito en nuestro país puesto que, a pesar de los muchos esfuerzos, las estadísticas muestran que todavía un 30% de nuestra población no lee.

Aunque la Ley del Libro recoge una definición de libro amplia, que incluye los libros electrónicos, al disponer que quedarán comprendidos “los libros electrónicos y los libros que se publiquen o se difundan por Internet o en otro soporte que pueda aparecer en el futuro (…)”, lo cierto es que su texto no integra ninguna previsión específica respecto a los libros electrónicos o a los dispositivos de lectura. Tampoco ninguna particularidad dirigida a mitigar las dificultades que este sector debe afrontar en jornadas como las de Sant Jordi o la Feria del Libro. Jornadas donde lo más probable es que, por cuestiones obvias, se acabe optando por regalar libros impresos (incluso aunque pueda no ser lo más conveniente en algunos casos).

No obstante, la realidad es que los libros electrónicos (o los nuevos formatos tales como los audiolibros) pueden tener un papel muy importante en la superación de los obstáculos al acceso a la cultura. Son formatos alternativos que ofrecen mayor comodidad y rapidez de acceso y, en muchos casos, a precios más asequibles. En el caso de los audiolibros, pueden además servir como alternativa para aquellos colectivos más reticentes a la lectura o constituir un remedio para quienes padezcan impedimentos visuales, o simplemente para quienes deseen regalar un descanso a sus ojos tras largas jornadas ante una pantalla de ordenador. Por no menospreciar su conveniencia en la situación actual de Covid-19, en la que esperemos que las medidas higiénico-sanitarias recomienden evitar el tradicional “hojeo manual” de los distintos ejemplares de libros en los puestos de venta.  

A pesar de las ventajas del libro electrónico, una encuesta realizada por Statista en 2019 muestra que tan solo el 20,2% de los españoles realiza actividades relacionadas con la lectura en formato digital, frente al 61,9% que optan por realizarla en formato papel. La situación actual, como cabe esperar, ha propiciado un modesto crecimiento del sector del libro electrónico. En un estudio sobre hábitos de lectura y compra realizado por Conecta en 2020 para la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), se ha observado una tendencia alcista en la que el 30,3% de la población mayor de catorce o más ha manifestado leer libros digitales al menos una vez al trimestre durante la situación de confinamiento (en 2019 el porcentaje era del 29,1%).

Pero el crecimiento moderado no es el principal inconveniente al que se enfrenta el sector del libro electrónico. El estudio antes indicado muestra que este sector continúa siendo víctima de un porcentaje elevadísimo de piratería y de descargas ilegales. A pesar de que se ha incrementado el porcentaje de población que paga por los libros electrónicos, que ha pasado del 35% al 39,8%, la gran mayoría de las descargas se realizan de forma gratuita y no autorizada (nada más ni nada menos que el 55%). Una situación que sigue perjudicando gravemente al sector, a pesar de las diversas iniciativas llevadas a cabo para la denuncia de estas actividades. Entre ellas cabe citar el canal de denuncias digital del Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), que durante 2020 ha servido para bloquear 4.626 enlaces de difusión no autorizados de contenidos digitales (mayoritariamente libros).

En efecto, la piratería es una preocupación latente el sector del libro electrónico que, por su particularidad, además, se amplía a los actos de puesta a disposición de libros electrónicos de segunda mano, tal y como fue establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2019, en el asunto Tom Kabinet (caso C-263/18 – Nederlands Uitgeversverbond y Groep Algemene Uitgevers) que comentamos aquí. En dicho caso, el TJUE dejó claro que las copias digitales intangibles -a diferencia de los libros en soporte material- no se desgastan por su consumo, por lo que sus sucesivas comunicaciones deben ser consideradas “puestas a disposición al público” (generadoras de un derecho del titular a obtener una remuneración adecuada) y no actos de distribución a los que sea aplicable la doctrina del agotamiento.

A la vista de lo anterior, el pasado mes de febrero, el Ministerio de Cultura y Deporte firmó con CEDRO un convenio para proteger la propiedad intelectual y la creación literaria, que incluirá también acciones dirigidas la sensibilización sobre la importancia de los derechos de autor. Este acuerdo se enmarcará en el ámbito del futuro Plan de Fomento de la Lectura (2021-2024), cuya aprobación se espera para antes del verano.

El sector del libro electrónico tuvo que enfrentarse tradicionalmente a otro hándicap que vale la pena recordar. No fue hasta hace justo un año (23 de abril de 2020) que entró en vigor –tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo– una reducción drástica del tipo impositivo del IVA. Hasta dicho momento, a los libros electrónicos se les aplicaba un 18% de IVA, por ser categorizados por la normativa comunitaria como “servicios digitales”. La reforma redujo dicho tipo al 4%, equiparándolo a los libros en papel, para facilitar el acceso a libros, periódicos y revistas digitales durante el confinamiento.

En definitiva, en jornadas tan estimulantes como las de hoy, aunque a todos nos guste conservar las tradiciones, habría que reflexionar sobre la conveniencia de reservar un hueco para el sector del libro electrónico y –¿por qué no?– al de los audiolibros. Quizás esta vez, y a diferencia de lo que ha llegado a suceder en el pasado, podamos encontrar también puestos de venta de dispositivos de lectura o acciones dirigidas a promover los formatos propios de la era digital. Veremos.

Autora: Claudia Morgado

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