Tal y como ha anunciado el Consejo Superior de Deportes, España ha suscrito el Convenio del Consejo de Europa sobre la manipulación de competiciones, un tratado internacional que pretende convertirse en un instrumento para asegurar tanto la adopción por parte de sus estados miembros de una serie de medidas específicamente dirigidas a la prevención del amaño de competiciones deportivas, como a la puesta en marcha de mecanismos de colaboración entre autoridades, organizaciones deportivas y operadores de apuestas para avanzar en la lucha en este ámbito.

Se trata de un convenio auspiciado por el Consejo de Europa, si bien a nivel comunitario la Comisión Europea ha participado activamente en su redacción y seguimiento.  Tal y como se ha indicado, con este tratado se pretende que los estados que se adhieran a él adopten un marco de regulación, ejecución y cooperación que asegure unos estándares avanzados de lucha contra la manipulación de competiciones deportivas. Precisamente para ello, se establecen una serie de medidas específicamente dirigidas al sector de las apuestas, pretendiendo con ellas incrementar la prevención de este tipo de prácticas.

En este sentido, destacan particularmente las siguientes acciones previstas en el propio Convenio:

  • Establecimiento -en el artículo 9 del Convenio- de una autoridad nacional  encargada de velar sobre la transparencia y legalidad en las apuestas deportivas. Si bien todavía no se ha producido una resolución formal en este sentido por parte de las autoridades españolas, es probable que se otorgue este papel a la Dirección General de Ordenación del Juego. En este sentido, esta autoridad deberá adoptar una serie de medidas en el sentido indicado, entre las que cabe destacar las siguientes -atendiendo a su potencial impacto regulatorio en el sector de las apuestas-:
    • Establecimiento de sistemas de intercambio de información con otras autoridades (tanto nacionales como de otros estados miembros del Convenio) sobre actividades de apuestas sospechosas o ilegales.
    • Limitación (o incluso prohibición) de la oferta de apuestas sobre competiciones o eventos deportivos en los que participen menores de edad (p.e. campeonatos sub-17) o cuyas condiciones organizativas o deportivas no cumplan unos estándares aceptables de fiabilidad. Este último concepto no se encuentra desarrollado en el Convenio, si bien parecería referirse a eventos o competiciones en los que no haya una intervención de un ente o federación deportiva que asegure unas condiciones mínimas de integridad organizativa y/o deportiva.
    • Definición y aplicación de unos umbrales financieros de riesgo referidos a apuestas deportivas, de tal modo que cuando dichos umbrales se cumplan se activen sistemas reforzados de vigilancia sobre tales apuestas y/o competiciones.
    • Promoción de sistemas de cooperación con los operadores de apuestas para la prevención  y detección de riesgos contra la integridad de las competiciones (por ejemplo, estableciendo sistemas de exclusión de personas vinculadas al ámbito del deporte respecto a apuestas sobre competiciones en los que puedan participar o influir -medida que, de hecho, ya se prevé en el artículo 6 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego-).
    • Establecimiento de procedimientos de suspensión de apuestas respecto a competiciones en relación con las cuales se haya detectado un elevado nivel de alerta de fraude.
  • Adopción -de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 del Convenio- de sistemas avanzados de cooperación entre las autoridades y los operadores de apuestas, articulándose con ellos procedimientos avanzados de cooperación y denuncia de apuestas sospechosas.
  • Lucha contra la oferta ilegal de apuestas -principalmente por parte de operadores online que no cuenten con título habilitante en el estado en cuestión para la explotación de actividades de apuestas-, previéndose la posibilidad de bloqueo de sitios web o incluso de pagos vinculados a las actividades de tales operadores no autorizados. El Convenio prevé igualmente la adopción de medidas que impidan la publicidad de este tipo de operadores ilegales de apuestas.

Tal y como se ha indicado, una parte significativa de las medidas referidas al control de operadores de apuestas ya se encuentra contemplada en la normativa española en este sector, la cual se alinea por tanto con los estándares de control y prevención del fraude previstos en el Convenio.

Realizaremos un seguimiento de la aplicación de estas nuevas obligaciones por parte de las autoridades españolas, pues probablemente comportarán cambios regulatorios a corto plazo.

Autor: Albert Agustinoy

Autores:

484 artículos

Blog de Cuatrecasas, uno de los referentes en la abogacía de negocios en España y Portugal. Representamos a algunas de las principales empresas cotizadas de ambos países y asesoramos a nuestros clientes en operaciones estratégicas, así como a inversores extranjeros interesados en el mercado ibérico