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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) emitió la semana pasada unas conclusiones que sostienen que la regulación de la venta a pérdida prevista en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (“LOCM”) no es conforme al derecho de la Unión Europea.

Dichas conclusiones traen causa de la cuestión prejudicial planteada al TJUE por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Murcia en el marco de un litigio derivado de la sanción impuesta en 2015 por la Dirección General de Comercio y Protección del Consumidor de la Región de Murcia a la empresa mayorista Europamur Alimentación, S.A., por haber vendido a pérdida a distribuidores minoristas determinados productos que dicha compañía comercializa.

En esencia, se preguntó al TJUE si la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en su relación con los consumidores (la “Directiva”) se opone a una regulación nacional como la prevista en el art. 14 de la LOCM que tiene carácter más estricto que la Directiva, al prohibir de entrada la venta a pérdida (incluso a mayoristas).

Cabe recordar que la “venta a pérdida” en derecho español se regula en el art. 14 de la LOCM y también el art. 17.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”), que reputan desleal aquellas ventas de productos que se realicen por debajo del precio de adquisición de los mismos o del coste de producción.

Concretamente, en cuanto a la LOCM, establece una prohibición de la venta a pérdida en el ámbito del comercio minorista salvo en algunos supuestos tasados (básicamente, cuando se trate de venta de saldos, venta en liquidación o venta de productos perecederos). Por su lado, la LCD proclama la libertad de precios, reputando desleal únicamente la venta a pérdida cuando sea susceptible de inducir a engaño o error a los consumidores, tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o establecimiento ajeno o forme parte de una estrategia dirigida a eliminar a un competidor del mercado.

Sin perjuicio de que de conformidad con la doctrina, la regulación de la venta a pérdida bajo derecho español deba interpretarse de forma restrictiva y que hasta la fecha son pocas las conductas de esta índole que han sido castigadas por nuestros tribunales, el Abogado General considera que la regulación de la venta a pérdida tal y como ésta está regulada en el art. 14 de la LOCM, constituye una “prohibición genérica”.
En este sentido, a su juicio, dicha regulación no es acorde con lo previsto en la Directiva, que detalla las prácticas desleales que pueden prohibirse de manera general por las legislaciones nacionales, sin que entre ellas se encuentre incluida la “venta a pérdida” y porque además establece excepciones basadas en criterios que no figuran en la Directiva.

El Abogado General reconoce que la Directiva establece un marco común en las relaciones con los consumidores y no en las relaciones entre operadores económicos, como sucede en el litigio de referencia. No obstante, argumenta que la LOCM persigue, entre otros objetivos, el de garantizar la protección de los consumidores, por lo que defiende que la Directiva resulta igualmente aplicable a dicha normativa e insta al TJUE a que se considere competente y resuelva la cuestión prejudicial en el sentido apuntado.

Seguiremos informando en nuestro Blog acerca del contenido de la sentencia definitiva del TJUE ya que, sin duda alguna, en caso de que no se aparte de las conclusiones del Abogado General aquí resumidas, esta cuestión podría tener consecuencias para la interpretación o la regulación futura de la “venta a pérdida” en nuestro país.

Autoras: Cristina Olesti y Claudia Morgado

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