A colación de la cuestión prejudicial en el Asunto C-299/17, planteada por Landgericht Berlin (un tribunal alemán), en la que se cuestiona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la validez del canon a favor de los editores de prensa en Alemania, en esta entrada nos vamos a referir al límite comúnmente conocido en nuestro país como “Canon AEDE” o “Tasa Google”.

En esencia, a raíz de este límite los prestadores de servicios de agregación de contenidos (Menéame o Google News, por ejemplo), pueden poner a disposición del público fragmentos no significativos de contenidos divulgados en publicaciones periódicas (es decir, noticias publicadas en medios de comunicación y periódicos online), a cambio del pago de una compensación equitativa a favor de los autores y editores de prensa. El derecho a recibir esta compensación es irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria.

Es un límite de nueva creación, pues fue introducido por primera vez en nuestra legislación el pasado 1 de enero de 2015, fecha en la que entró en vigor la Ley 21/2014, que reformó parcialmente la Ley de Propiedad Intelectual. Hasta entonces, el único precedente podía encontrarse en la legislación alemana (si bien en dicho país se trata de un derecho renunciable y de gestión individual), y ha sido precisamente un tribunal alemán el que ha planteado las siguientes dos preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

  1. ¿Constituye una disposición nacional que prohíbe hacer accesibles al público trabajos de prensa o partes de los mismos (salvo palabras sueltas o fragmentos muy cortos de texto) exclusivamente a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos, pero no a los demás usuarios (incluidos los profesionales), una disposición no específicamente dirigida a los servicios definidos en el artículo 1, puntos 2 y 5, de la Directiva 98/34/CE (en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE)?
  2. En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Constituye una disposición nacional que prohíbe hacer accesibles al público trabajos de prensa o partes de los mismos (salvo palabras sueltas o fragmentos muy cortos de texto) exclusivamente a los operadores profesionales de motores de búsqueda y a los prestadores de servicios profesionales que elaboran contenidos, pero no a los demás usuarios (incluidos los profesionales), un reglamento técnico en el sentido del artículo 1, punto 11, de la Directiva 98/34/CE (en su versión modificada por la Directiva 98/48/CE), a saber, un reglamento de obligado cumplimiento relativo a la prestación de un servicio?

La respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinará, sin lugar a dudas, el devenir que le espera a este límite en materia de propiedad intelectual a nivel Europeo, ya que entre las propuestas de la Comisión Europea comprendidas en la Estrategia para el Mercado Único Digital se incluye un derecho afín muy similar a favor de los editores de prensa europeos. Estaremos pendientes de las novedades y mantendremos el blog actualizado al respecto.

Autores: Ane Alonso y Álvaro Bourkaib

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