El próximo jueves 25 de junio de 2015 entrará en vigor la que se conoce como Cuarta Directiva europea de prevención de blanqueo de capitales. Se trata de la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, que fue aprobada por el Parlamento Europeo y del Consejo el pasado 20 de mayo de 2015 con el fin de fortalecer la normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Esta Directiva, entre otras novedades, amplia el control sobre las transacciones efectuadas en el sector del juego. A estos efectos, el texto exige a los proveedores de juego extremar la diligencia debida en transacciones de un valor económico igual o superior a 2.000€. No obstante, en casos de observado riesgo bajo, los estados miembros podrán aplicar, de forma limitada y justificada, exenciones a determinadas obligaciones siempre que los riesgos de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo sean insignificantes. Asimismo, estas exenciones deberán ser objeto de una evaluación de riesgos específica, en la que se analizará el grado de vulnerabilidad de las transacciones de que se trate.

La Directiva concede a los estados miembros un plazo de dos años para su transposición a la legislación nacional, de modo que la operatividad de sus disposiciones dependerá en buena medida de la efectiva transposición de su contenido a los ordenamientos nacionales de cada estado miembro.

Ello no debería acarrear un cambio sustancial en la legislación española, puesto que con la promulgación de Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, el legislador español ya trató de adaptarse a las exigencias europeas al recoger en la legislación nacional las recomendaciones anunciadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su informe sobre España.

Finalmente, cabe señalar que esta Directiva modifica el Reglamento 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión.

Autores: Clàudia Ros y Jorge Monclús

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