Mediante sendos recursos presentados en el marco de los procedimientos C-146/13 y C-147/13, España pretendía la anulación de los dos reglamentos base del conocido como ‘Patent Package’, cuyo objetivo primordial es la creación de la patente unitaria.

A continuación resumimos los puntos clave de cada uno de los mencionados procedimientos:

Respecto del Asunto C-146/13, el Tribunal de Justicia rechaza que el Reglamento nº 1257/2012 impugnado vulnere los valores del estado de derecho, y concretamente el principio de tutela judicial efectiva, por incorporar actos de un órgano internacional -la Oficina de Patente Europea- que no está sometido a un control jurisdiccional que garantice su sujeción al Derecho de la Unión, tal y como sostenía España en su recurso. A este respecto, el Tribunal de Justicia puntualiza que el citado Reglamento no integra en el Derecho de la Unión el procedimiento de concesión de las patentes europeas previsto por el Convenio de Patente Europea, sino que se limita a fijar los requisitos en virtud de los cuales se podrá conferir efecto unitario a una patente europea a petición de su titular, así como a definir dicho efecto unitario.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia afirma, en contra de lo sostenido por España, que el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sí constituye base jurídica apropiada para adoptar el citado Reglamento, ya que la protección mediante patente unitaria es adecuada para evitar divergencias en el ámbito de protección mediante patente en los Estados miembros participantes, y por tanto se considera que su objetivo es el de lograr una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el territorio de esos Estados.

Por último, el Tribunal de Justicia niega que el Parlamento y el Consejo hayan incurrido en desviación de poder a través del Reglamento impugnado, por cuanto los fines del mismo no son otros que aquéllos para los que se ha conferido la facultad de que se trata, a saber, el establecimiento de una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección unitaria mediante patente. Asimismo, considera infundada la alegación de España de que el legislador comunitario haya delegado en los Estados miembros participantes y en la Oficina Europea de Patentes competencias de ejecución que le correspondan exclusivamente en virtud del Derecho de la UE, declarando inaplicable al caso la doctrina Meroni.

Respecto del Asunto C-147/13, el Tribunal de Justicia expone que si bien el régimen lingüístico establecido por el Reglamento nº 1260/2012 establece un trato diferenciado de las lenguas oficiales de la Unión, ello persigue un objetivo legítimo conforme con el principio de proporcionalidad, que busca establecer un régimen de traducción uniforme y simplificado para la patente unitaria, facilitando así, mediante el ahorro en costes, el acceso a la protección mediante patente, especialmente para la pequeñas y medianas empresas. Este régimen lingüístico, tal y como señala el Tribunal de Justicia, es conforme con el principio de seguridad jurídica.

Autores: Blas Alberto González y Paula Barnola

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