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La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta de regulación para la retirada de contenido terrorista de Internet, ante la evidencia de que las medidas actuales no parecen ser suficientes para frenar su difusión.

Hasta el momento, los Estados Miembros regulan de manera desigual los procedimientos para combatir el acceso a contenido terrorista online, lo que limita la efectividad y eficiencia de la cooperación entre autoridades y prestadores de servicios. Es por ello que la Comisión propone una nueva regulación para retirar este contenido de Internet y asegurar que las obligaciones son impuestas de manera uniforme en toda la Unión Europea.

Cuando se habla de contenido terrorista en la web se hace referencia no solo al material e información que incita, fomenta y promueve ofensas terroristas, sino que incluye también las referencias a cómo cometer esos crímenes y/o promover la participación en tales actividades.

Las normas propuestas por la Comisión afectarán a todos los prestadores de servicios que ofrezcan servicios en la Unión Europea, siendo irrelevante donde estén situados, su tamaño o su capacidad económica. En concreto, los prestadores que estén situados fuera de la Unión, más susceptibles al contenido terrorista, deberán nombrar un representante legal en un Estado Miembro para facilitar el cumplimiento de las normas.

Una de las medidas propuestas más relevantes son las órdenes de retirada, que serían emitidas por las autoridades nacionales y requerirán a los prestadores de servicios que retiren el contenido terrorista de la web eliminando cualquier el acceso al mismo. Además, la orden de retirada deberá ser cumplida en el plazo de una hora desde su recepción. El escaso tiempo para cumplir la orden se debe a que el contenido terrorista produce más daños en las primeras horas de su aparición por su velocidad de propagación.

Los Estados Miembros deberán imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas ante el eventual incumplimiento. Se prevén importantes sanciones para el caso de que se produzcan incumplimientos sistemáticos de las órdenes de retirada que pueden llegar hasta el 4% de la facturación global de la empresa del año anterior, dependiendo de cada caso concreto.

Asimismo, los prestadores de servicios deberán adoptar medidas proactivas, incluyendo el despliegue de herramientas de detección automática, proporcionadas al riesgo y a su capacidad económica. Las autoridades nacionales, encargadas de emitir órdenes de retirada y recomendaciones, si consideran insuficientes tales medidas, podrán imponer medidas adicionales. Las nuevas normas requerirán a los prestadores de servicios incluir en sus términos y condiciones sus políticas respecto al contenido terrorista, reforzando la responsabilidad y la transparencia.

Por lo que respecta a los derechos fundamentales que se pueden ver afectados, se establecen una serie de garantías para la salvaguarda de los mismos, tales como la posibilidad de contestar a la orden de retirada, así como establecer mecanismos de queja para los usuarios.

Seguiremos con atención el desarrollo de esta propuesta y, en particular, cómo afectará a los prestadores de servicios online, del que iremos informando puntualmente en este blog.

Autores: Alicia Costas y Jorge Monclús

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Jorge Monclús

jorge.monclus@cuatrecasas.com

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