Comunicación al público

El derecho de comunicación al público, en cuanto a su contenido y alcance, es el derecho de explotación que más controversias ha suscitado y así lo evidencian el número creciente de resoluciones judiciales al respecto. La ausencia de una definición legal del concepto en el ámbito de la Unión Europea ha tenido como consecuencia que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) el que, a través de sus respuestas a las distintas cuestiones prejudiciales planteadas por los Estados miembros, haya perfilado el concepto de comunicación al público.

El Abogado General del TJUE (“AG”) examina ahora (asunto c-753/2018, Stim & SAMI V. Fleetmanager & NB) si el alquiler de vehículos provistos de receptor de radio constituye un acto de comunicación al público del que sean responsables las entidades arrendadoras.

El supuesto de hecho es el siguiente. Stim y SAMI, entidades de gestión de los derechos de autores y editores y artistas, interpretes y ejecutantes, respectivamente, demandan a Fleetmanager y NB, las empresas responsables del alquiler por considerar que el alquiler de vehículos provistos de una radio constituye un acto de comunicación al público sujeto a autorización de los titulares de derechos. El caso escala hasta el Tribunal Supremo de Suecia (“TS”), que pregunta al TJUE si efectivamente el arrendador de los vehículos es un usuario que realiza una comunicación al público en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2001/29 (la “Directiva”).

En sus Conclusiones, el AG comienza por recordar que para que un acto de comunicación al público tenga lugar, deben tenerse en cuenta dos factores: en primer lugar, que efectivamente haya un acto de comunicación y, en segundo lugar, que esta se dirija al público.

Como sabemos, el TJUE ha ido delimitando los criterios para apreciar la concurrencia de un acto de comunicación al público. Entre otros, el TJUE ha destacado el papel ineludible del usuario, que lleva a cabo un acto de comunicación cuando interviene, con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento, dando acceso a una obra protegida, de la que no podrían disfrutar sin su intervención, o sólo difícilmente podrían (v. entre otros, el asunto Ziggo; c‑610/15). En lo que respecta al público, el TJUE considera que este se conforma de un número indeterminado de destinatarios potenciales que, además, sea un número considerable de personas. Ahondando en la noción de público, la obra debe comunicarse mediante una técnica diferente o ante un público nuevo para que el acto sea constitutivo de una comunicación pública.

En este caso, la cuestión controvertida radica en determinar si la actuación de las arrendadoras de los vehículos supone una mera provisión de equipos técnicos, excluida del concepto de comunicación al público en virtud del considerando 27 de la Directiva 2001/29, o si, por el contrario, constituye un acto de comunicación al público que requiera autorización de los titulares de derechos.

A juicio del AG, es el papel ineludible del usuario, que interviene con pleno conocimiento de causa para dar al público acceso a prestaciones protegidas, el requisito que ha de tenerse en cuenta a efectos de determinar si la actuación de las arrendadoras de vehículos constituye un acto de comunicación al público.

En efecto, el TJUE ha hecho referencia al papel ineludible del usuario en numerosas ocasiones, a saber, en el asunto SGAE (c-306/05), en el que consideró que la distribución de la señal de televisión por un establecimiento hotelero no constituye un mero medio técnico, sino que el establecimiento realiza el acto de comunicación con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento para dar acceso a la obra protegida. También en los asuntos acumulados Premier League (c-403/08 y 429/08), el TJUE consideró que la proyección en un establecimiento de restauración de las emisiones de los partidos de futbol supone un acto de comunicación al público de su titular, puesto que se dan los requisitos establecidos en sentencias anteriores como son la intervención deliberada; que la obra se difunda a un público nuevo; y que el público no esté presente en el lugar en el que se origina la comunicación. Incluso en el ámbito del establecimiento de enlaces, como en el asunto Svensson (c-466/12), el TJUE concluyó que el establecimiento de enlaces a una obra protegida constituye un acto de comunicación al público y en este sentido, recuerda que el sujeto comunicador es quien facilita el acceso a la obra a terceros y no quien facilita la instalación o medios materiales, no obstante, cuestión diferente será cuando quien facilita los medios técnicos necesarios participa en el suministro de contenidos de la comunicación.

En el mismo sentido, en el asunto Filmspeler (c-527/15), el TJUE consideró que la comercialización de un reproductor multimedia que, conectado a una televisión, permite acceder libremente a obras audiovisuales puestas a disposición en internet constituye un acto de comunicación al público dado que el reproductor posibilita técnicamente el acceso del público y no es, por tanto, una mera puesta a disposición de medios técnicos. De hecho, subrayó que su titular actúa con pleno conocimiento de las consecuencias de su comportamiento al instalar los hipervínculos específicos que permiten a los compradores de dicho dispositivo acceder a obras protegidas.

A juicio del AG, el elemento común y determinante en todos estos casos es el vínculo directo entre la intervención del usuario y las prestaciones protegidas comunicadas de este modo (ap. 35 de las conclusiones), que se erige como elemento central para que la comunicación al público efectivamente tenga lugar.

Con base en lo anterior, el AG concluye que la actuación de las empresas de alquiler de vehículos no constituye un acto de comunicación al público dado que no intervienen directamente en relación con las obras o fonogramas difundidos, ya que se limitan a ofrecer vehículos que han sido equipados por sus productores con receptores de radio.

En este caso, y a diferencia de los supuestos analizados, considera que no se produce una intervención adicional que permita considerar que hay una comunicación al público subsiguiente por parte de las demandadas, además de la que realizan las entidades de radiodifusión (ap. 39 de las conclusiones). En esta misma línea, continúa, los clientes de Stim y SAMI debieron necesariamente tener en cuenta a todos los usuarios equipados con receptores de radio y localizados en la zona de cobertura de la transmisión al autorizar la radiodifusión de sus prestaciones.

A la espera aún del contenido de la sentencia, las conclusiones del AG amplían la enorme casuística en torno al concepto y delimitación del derecho de comunicación al público. El análisis de las sentencias de los últimos años pone de manifiesto un concepto todavía impreciso del derecho de comunicación al público. Los criterios adoptados por el TJUE no permiten dar respuesta general para cualquier caso, al margen de técnica empleada y de sus circunstancias concretas, lo que obliga al TJUE a perfilar aún más los elementos y alcance de este derecho.

Autora: Marta Zaballos

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