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El pasado mes de julio, compartíamos en este blog una entrada sobre la novedosa sentencia del llamado “Juzgado de Internet” de Hangzhou, el primer juzgado especializado en asuntos relacionados con internet en China, en la que considera que el registro de información en la cadena de bloques ofrece un sellado de tiempo admisible como medio de prueba en juicio. Recientemente, se ha creado otro Juzgado de Internet en Pekín y se prevé la creación de un tercer juzgado en Guangzhou.

Pues bien, el pasado 3 de septiembre, el Tribunal Popular Supremo de la República China emitió unas disposiciones sobre cuestiones relacionadas con los procedimientos judiciales ante los Juzgados de Internet, surtiendo efectos desde el 7 de septiembre de 2018.

Las referidas disposiciones establecen en su artículo 11, en relación con la impugnación de las pruebas electrónicas en juicio por una de las partes, que en aquellos casos en los que la veracidad de los datos electrónicos presentados por las partes pueda probarse a través de medios técnicos para recopilar, proteger y prevenir la falsificación de las pruebas, como la firma electrónica, los sellos de tiempo con garantías, la verificación de la función hash, la cadena de bloques, o las evidencias electrónicas presentadas a través de la plataforma online para el intercambio de la prueba, el Juzgado de Internet aceptará y confirmará dichos datos electrónicos.

Las partes pueden solicitar informes de expertos para expresar su valoración sobre cuestiones técnicas relacionadas con los datos electrónicos. Asimismo, el juzgado podrá, a instancia de las partes o del juez, encomendar a un experto el análisis de la veracidad de los datos electrónicos o verificar otras pruebas relevantes.

A este respecto, uno de los avances de estos juzgados especializados es que, tal y como disponen las disposiciones analizadas, los Juzgados de Internet podrán desarrollar una plataforma online –llamada “plataforma judicial”– utilizada exclusivamente para la llevanza de los procedimientos judiciales, para la aportación de toda la documentación y material a presentar por las partes o terceros involucrados en el proceso contencioso y, en definitiva, para todas las actividades o acciones relacionadas con el procedimiento. Conforme al artículo 5, dichas actividades realizadas a través de la plataforma judicial tienen validez jurídica. Asimismo, se establece que, salvo en circunstancias especiales en las que se considere necesario comprobar la identidad de las partes, verificar documentación original o inspeccionar elementos físicos, los juicios tendrán lugar a través de un sistema de video y audio (streaming).

Dicho pronunciamiento supone un nuevo avance para el reconocimiento de la validez legal de la tecnología de la cadena de bloques en dicho país y para la digitalización de los procedimientos judiciales.

Autores: Andrea Ortega y Omar Puertas

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