El fenómeno del “crowdfunding”, al igual que otras actividades económicas basadas en tecnologías digitales, nació sin una regulación propia, lo que ha conllevado a una rápida adaptación legislativa. La nueva Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (LFFE), esperada por los que deseaban una expresa cobertura legal que institucionalizara su figura, establece una serie de normas para el ejercicio de la actividad en España por parte de las plataformas de financiación participativa (PFP). Así, este mecanismo de desintermediación financiera ha pasado a engrosar la lista de actividades reguladas en nuestro país. Con anterioridad, las plataformas que intermediaban en la obtención de financiación a cambio de un rendimiento dinerario no disponían de una regulación expresa, por lo que se movían en el incierto terreno de las reservas de actividad (entre ellas, las instituciones de inversión colectiva, la captación de fondos reembolsables del público y los servicios de pago).

La regulación de las PFP nace con el objeto proteger la posición de los clientes, inversores y promotores. La principal novedad es la reserva de actividad y el régimen de autorización y registro por parte de la CNMV, quien además ostenta la facultad inspectora y sancionadora. Asimismo, la LFFE impone requisitos organizativos y financieros, un estricto régimen de incompatibilidades y prohibiciones, y restringe sus actividades a un abanico de servicios. Además, las PFP tienen que adoptar normas de conducta basadas en los principios de neutralidad, diligencia, transparencia, velando por el mejor interés de sus clientes, aplicar una política propia en conflictos de interés y advertir a los inversores de los riesgos ligados sus decisiones. Todo ello puede implicar para estos entes una barrera de entrada relevante. Por otra parte, con el objeto de proteger a los inversores, se establecen mecanismos como la clasificación entre inversores acreditados y no acreditados, imponiéndose para los segundos importes máximos de inversión, lo que puede suponer en la práctica un freno importante al crecimiento de este sector.

Por otra parte, la LFFE regula los requisitos de los proyectos de financiación (que, a diferencia de la propia actividad de la PFP, no son objeto de autorización por parte de CNMV), los cuales deberán ser de tipo empresarial, formativo o de consumo, quedando excluidos la financiación profesional de terceros.

Por otra parte, el nuevo marco normativo de las plataformas de crowdfunding también afecta a otros ámbitos, como son:

  • Publicidad.- Las PFP podrán hacer publicidad de su actividad y de los proyectos siempre y cuando la selección de los mismos se base en criterios objetivos y no discriminatorios y, en todo caso, respetado los principios de neutralidad, diligencia y transparencia anteriormente referidos.
  • Conservación de datos.- Las PFP tendrán la obligación de conservar los datos a disposición de la CNMV por un plazo de, al menos, cinco años.
  • Consumidores.- A las PFP les aplicará la normativa de consumo y, en particular, tendrán la consideración de “intermediario” a los efectos de la Ley 2/2009 y de la Ley 16/2011.

Puede obtenerse mayor información en la Nota Monográfica “Principales Novedades de la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial” elaborada por expertos de nuestra firma

Autores: Elisenda Baldrís y Sergio de Juan-Creix

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