La Sala Vigesimoctava de la Audiencia Provincial de Madrid, en su reciente Sentencia nº 172/2015, de 15 de junio, ha venido a ratificar la postura que desde hace tiempo mantienen doctrina y jurisprudencia respecto a la inversión de la carga de la prueba en relación al principio del agotamiento del derecho de marca.

Como es bien sabido, el agotamiento del derecho de marca constituye uno de los límites al ius prohibendi del titular de marca, en virtud del cual se le impide prohibir terceros el uso de la marca para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo (EEE) con dicha marca por el titular o con su consentimiento. Así las cosas, cuando en el marco de un litigio por infracción marcaria, la parte demandada invoca dicha excepción por entender que los presuntos productos infractores fueron comercializados por primera vez en el EEE por su titular o con su consentimiento, deberá ser dicha parte quien asuma la iniciativa de probar que se cumplen los requisitos exigibles para su aplicación al caso enjuiciado.

Apunta la referida Sentencia que cuando se aporten indicios de la existencia de una infracción, los mismos experimentan una suerte de generalización de modo que “resultaría legítimo hacer recaer sobre la parte demandada la carga de acreditar (…) el agotamiento del derecho de exclusividad que la marca confiere”.

Más allá de lo anterior, el interés de esta sentencia reside igualmente en la extensión que de esta distribución de la carga de la prueba realiza la Audiencia Provincial en el momento de valorar los daños derivados de la declarada infracción. Entiende la Sala que la ausencia de una verdadera labor de verificación y contraste de la demandada dirigida a contradecir y desvirtuar la cuantificación realizada por la actora a partir de los (pocos) datos contables facilitados por la propia demandada, no podía en ningún caso afectar a los intereses de la proponente de la prueba: “(…) al no haber adoptado la menor iniciativa probatoria tendente a poner de relieve esas virtuales diferencias, habrá de pechar con las consecuencias procesales inherentes a su propia pasividad”.

Esta interpretación recuerda claramente a la conocida doctrina constitucional en materia probatoria en virtud de la cual cuando las fuentes de la prueba se encuentren en poder de una de las partes en litigio, la obligación de colaborar con los tribunales conlleva que dicha parte sea quien deba aportar los datos requeridos, sin que los obstáculos y trabas que oponga la parte que tiene en su mano acreditar los hechos determinantes del litigio, sin causa que lo justifique, pueda repercutir en perjuicio de la contraparte (STC 227/1991).

En este caso, sin embargo, parece la Audiencia va un paso más allá y más que sancionar una actitud rebelde o un ánimo obstruccionista contrario al deber de colaboración para con la Administración de Justicia, penaliza la insuficiente actividad probatoria del demandado a quien, en virtud de la inversión de la carga de la prueba antes mencionada, correspondería también acreditar que la indemnización reclamada no era la adecuada.

Autor: Jean-Yves Teindas

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