Ante la inminente celebración de elecciones, a distintos niveles, ha optado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por seguir la tendencia de autoridades vecinas, elaborando una serie de criterios reveladores de la dirección que va a tomar su actividad en materia de tratamiento de datos personales de corte político. Y ello, motivado por la incorporación del art. 58 bis a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), relativo a la utilización de medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales.

La discusión se inicia, en parte, por la capacidad de cierta tecnología (big data, inteligencia artificial, microtargeting, etc.) de obtener mediante su aplicación resultados, conclusiones y, en fin, información, que, a simple vista, está oculta. Y es que el empleo de esta tecnología sobre ciertas categorías de datos es susceptible, sin duda, de atentar no solo contra la integridad del derecho fundamental a la protección de los datos de carácter personal -art. 18.4 de la Constitución Española (CE)-, sino, además, contra la indemnidad del derecho a la libertad ideológica (art. 16 CE), del derecho a la libertad de expresión e información (art. 20 CE), y del derecho a la participación política (art. 23 CE).

A este respecto, se publicó este pasado lunes 11 de marzo de 2019 en el Boletín Oficial del Estado la Circular de la AEPD sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y envío de propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería por parte de partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores al amparo del artículo mencionado.

Permite el art. 58 bis LOREG a los mencionados sujetos la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas, únicamente, en el marco de sus actividades electorales, exigiendo la adopción de las garantías adecuadas, y siendo las únicas fuentes de obtención lícitas aquellas de acceso público. A su vez descarta la calificación del envío o la contratación de propaganda electoral como actividad o comunicación comercial, requiriendo, no obstante, la clara identificación de la naturaleza electoral.

Vemos que se erige este precepto como excepción a la prohibición general de tratamiento de esta categoría especial de datos personales al amparo del beneficio que tal tratamiento reporta al interés público, debiendo interpretarse, por ello, de manera restrictiva.

Incluye, por ello, la AEPD una serie de especificaciones que acotan el ejercicio de la potestad descrita, y es que solo podrán recopilarse opiniones políticas libremente expresadas por los afectados en ejercicio de sus derechos de libertad ideológica y de expresión; se veta el tratamiento de otras categorías de datos que, sometidas a cierta tecnología de análisis, revelen orientaciones políticas. Todo ello, siempre, en el marco de la circunscripción que corresponda al proceso electoral al que se presente, y resulte proclamado, cada responsable.

También refuerza las garantías en materia de deber de información fijando las obligaciones de informar de “forma concisa, transparente, inteligible” y de facilitar el acceso a la misma. Se prevé la inclusión de adiciones en la página web del responsable, así como en sus cuentas en redes sociales y medios equivalentes, en caso de considerarse insuficiente la comunicación individual de la información.

El refuerzo de las garantías se ha vehiculado mediante la imposición expresa de la consulta previa al tratamiento a la AEPD, para su validación, o el envío de documentación acreditativa suficiente (análisis de riesgo, evaluación de impacto y justificación de medidas adoptadas). El plazo fijado es de 14 semanas antes del inicio del periodo electoral, si bien recoge el régimen transitorio, aplicable a las elecciones generales del 28 de abril, y europeas, autonómicas y municipales del 26 de mayo, una antelación de 3 semanas.

A su vez, se impone que, ejercitado el derecho de oposición por un afectado, no puedan sino con el consentimiento expreso del mismo volver a tratarse sus datos personales a este respecto.

En definitiva, vemos que se restringen las fuentes de obtención, la legitimación y el alcance espacial, y se refuerzan las garantías exigidas, el deber de información y el derecho de oposición, quedando por tanto más definidas las fronteras entre las que se moverá la actividad fiscalizadora de este organismo.

Autores: Clara Sánchez y Albert Agustinoy

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