sostenible

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Aunque el concepto de “inversión sostenible o responsable” es algo que pueda parecer relativamente nuevo, lo cierto es que dicha filosofía de inversión ética lleva entre nosotros prácticamente desde los años 60, cuando tras la Guerra de Vietnam se sucedieron varias protestas entre los estudiantes estadounidenses que exigían a sus universidades que acabaran con sus inversiones en empresas militares. A partir de ese momento nació un creciente interés por la búsqueda de inversiones éticas. Posteriormente, a finales de la década de los 90, la demanda por este tipo de inversiones fue suficientemente significativa como para que se crease el Dow Jones Sustainability Index que fue el primer índice global que introdujo criterios de sostenibilidad. Desde ese momento y hasta el día de hoy, el concepto de “inversión sostenible o responsable” ha venido ganando más fuerza hasta el punto de que, a día de hoy, por ejemplo, la deuda sostenible mueve aproximadamente el mismo volumen que la deuda high yield (544.000 millones de dólares frente a 547.000 millones de dólares en 2020).

En la actualidad, es difícilmente concebible ignorar el cumplimiento de dichos parámetros, actualmente denominados ESG, que pivotan en torno a los siguientes factores: (i) el factor medioambiental (E – “Environmental”); (ii) el factor social (S – “Social”); y (iii) el factor de gobierno corporativo (G – “Gubernamental”).

No obstante lo anterior, hasta el Acuerdo de París de 2015 las inversiones sostenibles o responsables estuvieron presentes de una forma más abstracta que tangible y su impacto en el mundo financiero fue mucho más limitado. A partir del mencionado Acuerdo de París -adoptado en la Conferencia sobre el Clima de París (COP21)- esto cambió, estableciéndose el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático, que significó un hito para combatir el cambio climático y acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para la descarbonización de la economía.

Como parte del programa para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, la Comisión Europea adoptó en marzo de 2018 un plan de acción sobre finanzas sostenibles, que se circunscribe dentro del denominado Pacto Verde Europeo (Green Deal) adoptado por la Unión Europea en 2019, como parte de los esfuerzos de la Unión de Mercados de Capitales (UMC) para potenciar el papel de las finanzas en cumplir con dichos objetivos.

Entre las diversas iniciativas legislativas que se han ido promoviendo desde la UE, hay tres que sobresalen por su importancia capital en la economía actual:

  • El Reglamento UE 2020/852 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (también conocido como el Reglamento sobre Taxonomía), que establece, entre otros, un  sistema de clasificación para determinar si una actividad económica es medioambientalmente sostenible (centrándose, por tanto, en el factor medioambiental de los criterios ESG);
  • El Reglamento UE 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, que clarifica las obligaciones de los inversores institucionales y los gestores de activos en relación con los factores de sostenibilidad; y
  • El Reglamento UE 2019/2089 que establece dos nuevos tipos de índices de referencia sostenibles : el índice de referencia de transición climática (para identificar si una cartera se sitúa en una trayectoria de descarbonización) y el índice de referencia de la Unión Europea armonizado con el Acuerdo de París (que permite reconocer si las emisiones de carbono de la cartera se alinean con los objetivos del Acuerdo de París).

Respecto al antes referido Pacto Verde Europeo (Green Deal), se requerirá de un gran volumen de inversión, en concreto, según el Banco Europeo de Inversiones (BEI) serán necesarios 528.000 millones de euros anuales para lograr los objetivos asociados al desarrollo sostenible en el conjunto de la Unión Europea, y en este sentido estimamos que será necesaria una confluencia de recursos del sector público y del sector privado para alcanzar los objetivos marcados.

Sin duda, la magnitud de la inversión necesaria para alcanzar los objetivos climáticos requerirá que la financiación privada juegue un papel fundamental en este proceso de transformación. En este ámbito, dos de los grandes instrumentos que han ganado peso en los últimos años y que seguro jugarán un papel fundamental en el futuro inmediato para la consecución de los objetivos climáticos son: (i) de un lado, los “bonos verdes, sociales y sostenibles” cuyo aumento respecto al año 2019 fue superior al 50% (concentrando un valor total de 15.024 millones de euros) y, (ii) de otro lado, los “préstamos sostenibles” que movilizaron inversiones por valor de 18.002 millones de euros en España en 2020, con un aumento del 38% respecto al año anterior.

A nuestro entender, dicha tendencia solo irá en aumento, por varias razones.

  • En primer lugar, por los diversos incentivos que tienen las financiaciones sostenibles en la actualidad (por ejemplo, las financiaciones verdes están bonificadas en tipo de interés según el cumplimiento de determinados KPIs (habitualmente ligados a coeficientes de emisiones, residuos, formación, etc.), que puede dar lugar a que no solo las grandes corporaciones, sino también medianas o pequeñas empresas, apuesten por este tipo de financiaciones para beneficiarse de dichos incentivos.
  • En segundo lugar, por el alcance cada vez más amplio de la normativa vinculada al cumplimiento de objetivos sostenibles, que ya no afecta únicamente a grandes multinacionales y cotizadas como lo hacía antaño, sino que también tiene impacto en otras compañías (se calcula que más de 50.000 compañías en la Unión Europea estarán este año vinculadas al cumplimiento de normativas derivadas del Green Deal).
  • Finalmente y en tercer lugar, porque el crecimiento en la demanda de este tipo de instrumentos de financiación hará que entren nuevos players al mercado y hará que ello conlleve una diversificación de la ya variada oferta actual de productos que cumplan con estos criterios.

Finalmente, el Plan Next Generation EU, cuya previsión es destinar 750.000 millones de euros para implementar transformaciones y reformas estructurales para la reconstrucción y transformación económica de los Estados, y de los cuales España podrá optar a obtener financiación hasta por 140.000 millones de euros, seguro que también ayudará a que esta tendencia alcista se mantenga, pues uno de los pilares estructurales sobre los que pivota es la transición energética y la sostenibilidad.

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