Corporate Governance

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El objetivo de la Ley 5/2021 es (i) la mejora del gobierno corporativo y el funcionamiento de los mercados de capitales; y (ii) la transposición de la Directiva (UE) 2017/828 (la “Directiva SRD II”), orientada a fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Los principales cambios introducidos por la Ley 5/2021, que afectan fundamentalmente a las sociedades cotizadas, son los siguientes:

  1. Se ha aclarado y estructurado el régimen de las operaciones vinculadas (“OV”). Los cambios incluyen, entre otros: (i) la adaptación de la definición de las OV por remisión a las normas internacionales de contabilidad; (ii) la regulación separada de la publicidad de las OV (cuando superan determinados umbrales) y su aprobación por la junta general de accionistas (para las OV cuya cuantía sea igual o superior al 10 % de los activos sociales) o por el consejo de administración (en ambos casos previo informe de la comisión de auditoría), pudiendo delegarse la aprobación de las operaciones ordinarias en condiciones de mercado y las operaciones que no superen el 0,5 % del importe neto de la cifra de negocios de la sociedad; (iii) el establecimiento de reglas especiales con respecto al derecho a participar en estas decisiones de los accionistas que sean partes vinculadas, así como de los consejeros dominicales en el caso de OV entre sociedades que formen parte del mismo grupo; y (iv) la simplificación del régimen de las operaciones intragrupo.

    2. El derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las remuneraciones de los administradores (say on pay). La Ley de Sociedades de Capital ya había incorporado desde 2014 la mayor parte de las disposiciones de la Directiva SRD II en materia de remuneración de los consejeros. Sin embargo, se han introducido algunos cambios sobre la política de remuneraciones (que deberá someterse a la aprobación de la junta general al menos cada tres años), cuyo contenido se especifica ahora con más detalle. En consecuencia, se ha ampliado el contenido del informe anual de remuneraciones de los consejeros (sometido anualmente al voto consultivo de la junta general).

    3. La Ley 5/2021 reconoce el derecho de las sociedades cotizadas a identificar no solo a sus accionistas formales, sino también a sus “beneficiarios últimos” (cuando la entidad legitimada como accionista en el registro contable sea una entidad intermediaria que actúa por cuenta de terceros).

    4.La Ley 5/2021 incorpora las disposiciones de la Directiva SRD II sobre política de transparencia de los inversores institucionales y los gestores de activos, que deberán publicar una política de implicación que explique cómo integran la implicación de los accionistas en su política de inversión y cómo han ejercido los derechos de voto en las juntas generales de accionistas. Las nuevas obligaciones de transparencia también se aplican a los asesores de voto o proxy advisors (por ejemplo, informando anualmente sobre la aplicación de los códigos de conducta o sobre sus investigaciones, su asesoramiento y sus recomendaciones de voto).

    5.La Ley 5/2021 también introduce otros cambios relevantes que no proceden de la Directiva SRD II:
  • Se introduce el régimen de acciones de lealtad en España (vid. nuestra entrada de 6 de abril de 2021).
  • Los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente personas físicas (para nuevos nombramientos/reelecciones a partir del 13 de mayo de 2021).
  • Se han introducido algunos cambios para simplificar y mejorar la competitividad de los procesos de aumento de capital y emisión de obligaciones convertibles.
  • La Ley del Mercado de Valores se ha adaptado al Reglamento sobre el folleto, directamente aplicable desde el 21 de julio de 2019.
  • Se ha eliminado la obligación de presentar los estados financieros trimestrales.
  • Todas las sociedades de responsabilidad limitada podrán celebrar juntas exclusivamente telemáticas (sin asistencia física) si así lo contemplan sus estatutos.
  • Cuando una sociedad acuerde la exclusión de negociación de sus acciones en los mercados regulados, deberá promover una oferta pública de adquisición (opa) para garantizar la protección de los inversores frente a la pérdida de liquidez de las acciones. Hasta ahora, se aplicaba una excepción a las opas por la totalidad de los valores de una sociedad cotizada (ya fueran obligatorias o voluntarias), permitiendo a los oferentes lanzar una opa de exclusión a través del “procedimiento intermedio”. En concreto, esto se facilitaba mediante una orden permanente de compra que permitía a los accionistas vender sus acciones al mismo precio de la oferta inicial en un periodo mínimo de un mes durante los seis meses siguientes a la opa total.

La Ley 5/2021 ha endurecido las condiciones para la exclusión de cotización de una sociedad mediante ese “procedimiento intermedio”, ya que ahora se exige que a resultas de dicha oferta previa el oferente haya alcanzado al menos el 75 % del capital con derecho a voto de la sociedad afectada.

La mayor parte de las disposiciones de la Ley 5/2021 entrarán en vigor el 3 de mayo de 2021. Entre las excepciones a este régimen general de entrada en vigor están (i) las modificaciones sobre política de remuneraciones, que entrarán en vigor el 13 de octubre de 2021 (las sociedades cotizadas deben someter a aprobación la nueva política de remuneraciones en la primera junta general que se celebre con posterioridad a esta fecha); (ii) las modificaciones aplicables a los informes anuales de remuneraciones de los consejeros entrarán en vigor para los informes correspondientes a los ejercicios cerrados a partir del 1 de diciembre de 2020; y (iii) las modificaciones aplicables a las operaciones con partes vinculadas de las sociedades cotizadas, que entran en vigor el 3 de julio de 2021.

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