sociedades cotizadas

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Analizamos las principales consecuencias para las sociedades cotizadas derivadas del Real Decreto-Ley 8/2020, por el que se aprueban medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19.

Tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus (“RDL 8/2020”).

El RDL 8/2020 ha entrado en vigor el 18 de marzo y sus medidas tendrán vigencia durante el plazo de un mes, salvo que sean prorrogadas por el Gobierno mediante un nuevo real decreto-ley. No obstante, algunas medidas tienen un plazo determinado de duración específico diferente, como indicamos a continuación en cada una de ellas.

En materia de sociedades cotizadas destacamos las siguientes medidas que, en línea con las Consideraciones de CNMV del pasado 10 de marzo, pretenden ofrecer mayor flexibilidad a los órganos de administración para gestionar el gobierno corporativo de la cotizada en las actuales circunstancias extraordinarias:

Junta general ordinaria de 2020

  • Podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social  y en cualquier lugar del territorio estatal, aunque no esté previsto en estatutos.
  • La convocatoria de la junta podrá prever la asistencia por medios telemáticos y el voto a distancia, aunque no esté previsto en estatutos.
  • Para aquellas Juntas convocadas antes del 18 de marzo se establecen las siguientes medidas:
  • Se podrá modificar el lugar de celebración, permitir la asistencia por medios telemáticos o el voto a distancia mediante la publicación de un anuncio complementario, al menos, cinco días naturales antes de la fecha prevista para su celebración.
  • Si no es factible publicar este anuncio complementario y la junta no puede celebrarse como consecuencia del estado de alarma, cabe convocarla de nuevo con, al menos, cinco días de antelación a la fecha fijada para la reunión.
  • Para el supuesto excepcional de que la junta se hubiese constituido válidamente en un lugar que no cumple las medidas necesarias, se permite que la propia junta acuerde continuar su celebración en ese mismo día, en otro lugar dentro de la misma provincia, estableciendo un plazo razonable para el traslado de los asistentes.

Información pública periódica

Se amplían los plazos de presentación de la información pública periódica durante el 2020:

  • Informe financiero anual: 6 meses a contar desde la finalización del ejercicio.
  • Informe financiero semestral y declaración intermedia de gestión: 4 meses desde la finalización del periodo aplicable.

Acuerdos del consejo y de la comisión de auditoría

A los efectos de implementar las medidas anteriores, serán válidos los acuerdos del consejo y de la comisión de auditoría cuando sean adoptados por videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, aunque no esté contemplado en los estatutos, siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios para ello y el secretario reconozca su identidad, lo cual deberá expresarse en el acta y en la certificación de los acuerdos que se expida.

Deberá valorarse con mayor detalle cómo pueden casar estas medidas específicas para cotizadas con las previstas con carácter general para las sociedades de capital, especialmente en aquellos casos (i) en los que resulten de aplicación regímenes distintos como, por ejemplo, en la formulación de cuentas anuales o la celebración de la junta general (donde entendemos que debería prevalecer el criterio de especialidad), o (ii) en los que una determinada medida sólo se recoge en el régimen general como, por ejemplo, la posibilidad de desconvocar la junta general ya convocada (en este caso, entendemos que la misma también debería poder resultar de aplicación a las cotizadas en tanto que sociedad anónima).

Finalmente, se suspende el régimen de liberalización de las inversiones extranjeras en España realizadas por inversores residentes en países fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, cuando el inversor pase a ostentar una participación del 10% o más del capital de la sociedad española o cuando se participe de forma efectiva en la gestión o el control de dicha sociedad, si la inversión se realiza en sectores que afectan al orden público, la seguridad pública y a la salud pública o si se dan una serie de supuestos tasados (como el control del inversor por el gobierno de un tercer país -como sería el caso de fondos soberanos-). También debe recordarse el régimen excepcional previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 137 de la Ley del Mercado de Valores, aplicable en situaciones como la actual derivadas de fuerza mayor, que impide que se formule una OPA a un precio que no refleje el valor real de la sociedad afectada.

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