La modificación procesal referida al régimen de costas procesales en el ámbito contencioso-administrativo ha pasado prácticamente desapercibida para muchos pese a suponer un riesgo económico. Nos lo cuenta José Manuel Carro, abogado de la firma.

Por José Manuel Carro

En un momento en donde día tras día nos desayunamos con noticias y comentarios acerca de la reciente modificación de la comúnmente conocida como “tasa judicial”, y su incidencia en el ejercicio por el ciudadano de su legítimo derecho de acceso a la Jurisdicción, sorprende cuando menos que una modificación procesal no tan reciente, como fue la referida al régimen de costas procesales en el ámbito contencioso-administrativo, haya pasado prácticamente desapercibida para muchos pese a suponer un riesgo económico, comparativamente, mayor.

Así, en aras de una supuesta lucha contra el uso abusivo de las instancias judiciales en la ya conocida batalla contra la creciente litigiosidad de nuestro sistema jurídico, la Ley 37/2011, de 10 de octubre, introdujo para los procesos substanciados en única o primera instancia contencioso-administrativa el criterio de vencimiento para la imposición de las costas procesales. Esta novedad supuso que todos aquellos operadores jurídicos que podíamos tener hasta entonces asimilado como premisa prácticamente inamovible la no imposición de costas procesales, salvo en aquellos supuestos en los que el Tribunal razonara debidamente el sostenimiento de su acción o la interposición del recurso con mala fe o temeridad, a día de hoy (concretamente desde hace ya más de un año) debamos haber cambiado radicalmente ese punto de partida, pues lo cierto es que en todos aquellos pleitos iniciados a partir del 31 de octubre de 2011, el Tribunal impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.

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“(…) el Tribunal impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manera opuesta, en aquellos casos en los que el pronunciamiento que ponga fin al proceso judicial estime o desestime parcialmente las pretensiones deducidas en el mismo, cada una de las partes abonará sus propias costas y las comunes por mitad salvo que, en la línea ya conocida en el anterior régimen, el Tribunal estime, razonándolo debidamente, la procedencia de su imposición a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad.

Si bien es cierto que más allá del criterio de vencimiento la norma concede al Tribunal sentenciador la posibilidad de exonerar de la imposición de las costas cuando, aun viendo íntegramente desestimadas sus pretensiones, concurran circunstancias que justifiquen su no imposición, lo cierto es que se ha introducido un elemento adicional a valorar en la toma de decisión del inicio del proceso: el riesgo cierto de que al coste del Letrado y Procurador propios se sume el de las costas procesales de la parte contraria.

Con ello cobran relevancia en la dirección jurídica del proceso cuestiones de menor calado que, posiblemente en otro contexto normativo, pudieran haber quedado relegadas a un segundo plano, e incluso omitidas, en aras de simplificar la comprensión por parte del Tribunal de la controversia principal y máxima. El objetivo principal de todo pleito, la búsqueda de un pronunciamiento íntegramente estimatorio de las pretensiones del cliente, se mantiene inalterado, pero junto a él, y de manera subsidiaria, deberá en todo caso obtenerse cuando menos de un pronunciamiento parcialmente estimatorio. Y es que no parece acertado, por muy razonable que pueda llegar a ser la postura defendida en el pleito, confiar en que sea el Tribunal quien aprecie y razone la concurrencia de dudas de hecho o de derecho que justifiquen la no imposición de las costas.

Y es que, al menos hasta tanto no conozcamos cuál será el criterio de tasación de las costas procesales que adopte cada uno de los Juzgados y Tribunales de Justicia, la desestimación íntegra de las pretensiones deducidas en el pleito pudiera conllevar un quebranto económico importante.

¿Harán uso de la facultad que les concede el apartado tercero del artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, en términos similares a los que actualmente aplica con carácter general la Sala Tercera del Tribunal Supremo, limitando su importe hasta una cifra máxima?

Conocemos ahora los primeros pronunciamientos judiciales a los que resulta de aplicación este nuevo régimen de imposición de costas procesales, y advertimos ciertamente que la Audiencia Nacional está haciendo uso de la posibilidad de excepcionar la aplicación del criterio de vencimiento en no pocas ocasiones, justificándolo en la existencia de dudas de hecho o de derecho, pero también lo es que en los restantes supuestos se limita a acordar su imposición por mandato legal a la parte perdedora, sin limitación alguna.

Mucho nos tememos por tanto que la pretendida reducción de la litigiosidad que pudiera suponer este riesgo cierto de imposición de costas procesales, pudiera al menos parcialmente compensarse con una mayor litigiosidad incidental en cuanto a la tasación de las mismas, como consecuencia de la conocida querencia del Letrado (público y privado) a automatizar la tasación de las costas procesales por referencia a las normas orientadoras de honorarios aprobados por los distintos Colegios, sin atender, como expresamente ordena el Alto Tribunal, a la totalidad de circunstancias concurrentes en el pleito, como es la cuantía, pero también la complejidad real del asunto, el tiempo efectivo de dedicación a su defensa, el resultado obtenido…

En conclusión, aunque la razonabilidad de la postura defendida en el pleito debiera ser causa suficiente para que el Tribunal excluya la imposición de las costas procesales, acostumbrémonos a convivir con este “nuevo” régimen de imposición de costas procesales que, con la excepción de la segunda instancia y casación, teníamos prácticamente olvidado en la vía contencioso-administrativa.

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