El Gobierno chino, haciendo uso de todas las cámaras de filmación que tiene instaladas por el país, ha implantado un carnet por puntos que evalúa a sus ciudadanos, brindando beneficios a los que gocen de una buena valoración (como preferencia en el alquiler de viviendas o en la obtención de seguros o préstamos) y penalizando a los que obtengan una valoración inferior (por ejemplo, con restricciones para acceder a visados).

Son pocos los que se deciden a reservar mesa en un restaurante sin haber comprobado su rating en Tripadvisor; los que alquilan un apartamento de verano sin verificar la valoración del propietario en Airbnb; o los que se aventuran a ser transportados hasta su destino sin asegurarse de que el conductor tenga buena conversación en BlablaCar.

Si bien estamos acostumbrados a puntuar, lo que no es tan habitual es percibir que nos valoren o puntúen a nosotros mismos en ámbitos como el financiero o el cívico. Sesame credit, el sistema de credit score creado por Ant Financial (filial del gigante de e-commerce chino, Alibaba) hace ya unos años que empezó a utilizar los datos de sus usuarios para valorar su fiabilidad financiera, a los efectos de premiar a aquellos que proyectaran una mayor responsabilidad crediticia. La ingente cantidad de información que nuestros datos en la red aportan sobre quiénes somos y cómo tendemos a actuar se perciben por multitud de compañías o incluso por el Gobierno chino, como un mecanismo para tejer un pedigrí predictivo del nivel de confianza que cabe depositar en nosotros en distintos niveles, basándose en nuestros comportamientos constatados.

La aplicación de este tipo de sistemas en el ámbito laboral se puede ya observar en plataformas como Glovo o Deliveroo en las que, aun tratándose de trabajadores autónomos, las valoraciones emitidas por el cliente pueden tener una trascendencia directa en la compensación percibida por la prestación de servicios. No pasa por alto que la transformación de la integridad de los elementos que conforman el contrato de trabajo en factores numéricos susceptibles de una valoración estrictamente objetiva requeriría de una profunda inversión en Internet Of Things.

No obstante, existen determinados aspectos que podrían ser más fácilmente objetivables e incluibles en un algoritmo capaz de evaluar determinados aspectos de nuestra fiabilidad laboral: la consecución de objetivos de negocio, como elemento para valorar la eficiencia del empleado; la antigüedad, como mecanismo para valorar la aportación del trabajador a la compañía; la aportación de ideas de mejora implantadas, a los efectos de evaluar el nivel de compromiso con la empresa; la puntualidad en la asistencia al trabajo, como elemento para valorar la responsabilidad; la captación de nuevos clientes, para evaluar la labor comercial del trabajador; o el expediente disciplinario, a los efectos de evaluar la adecuación del comportamiento del mismo.

Todos estos son aspectos que actualmente ya serían fácilmente autoejecutables, y cuya transformación en un “labor score” no requeriría de una tecnología demasiado compleja. La conversión de estos factores en un algoritmo capaz de, por ejemplo, galardonar al empleado con un bonus en caso de conseguir un rating determinado podría constituir una objetivación interesante de la performance del empleado en la que verter información holística de su desempeño, ya no sólo en función del cumplimiento de objetivos sino en función del valor añadido acumulado que el empleado aporta a una compañía.

El poder (y perversión) de este sistema de credit score es su potencial aplicación a los más variados ámbitos: en el contexto actual de fuerte apuesta por la transparencia fiscal y la convicción social cada vez más acentuada de que individuos y corporaciones deben pagar su “justa cuota de impuestos” (the fair share of taxes), no sería extraño que Hacienda echara mano de este sistema de puntos para premiar al “buen contribuyente” y penalizar al “mal contribuyente”. Los algoritmos permitirían fácilmente identificar a los contribuyentes a incluir en la “lista de comprobación prioritaria” en función de su credit score.

No obstante, en el caso de China, esa puntuación no quedaría circunscrita al ámbito laboral o tributario, sino que la “mochila de puntos” la llevaríamos como ciudadanos, impregnando múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana: lo que reflejarían nuestros puntos sería la confianza que generan nuestros comportamientos y, por tanto, el que Hacienda nos restase puntos podría suponer que el banco no nos concediera un crédito o que nuestros hijos no fueran admitidos en un determinado colegio. De esta manera, las consecuencias de embarcarnos en prácticas fiscales “agresivas” (con la laxitud propia del término) ya no sería exclusivamente exponerse a una sanción económica sino también indudablemente social, lo que daría un enorme poder a la Administración para disuadir determinado tipo de conductas en los contribuyentes.

A muchos nos gusta ver el rating del restaurante al que queremos ir en Tripadvisor o la valoración del propietario de la casa que queremos alquilar en Airbnb, o el nivel de conversación de nuestro conductor en Blablacar, pero pocos estaríamos dispuestos a que estas puntuaciones trascendieran a todos los ámbitos de nuestra vida y, mucho menos, a que ello condujera a estigmatizaciones perniciosas en la sociedad. Derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad personal y el derecho de defensa, quedarían seriamente comprometidos.

 

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