El auge actual del mundo de las comunicaciones telemáticas hace que nos encontremos ante una nueva realidad social que incide de forma notoria en las relaciones laborales, hecho que hace patente la necesidad de facilitar cierta regulación en orden a encauzar los efectos que derivan de la utilización de tales medios en el seno de las relaciones laborales.

En la medida en que en la actualidad contamos con una limitada regulación legal que no siempre da respuesta al conjunto de cuestiones que derivan de ese contacto del mundo tecnológico con el laboral, nuestros Tribunales de Justicia se han visto obligados a proporcionar una serie de criterios que giran en torno a la validez jurídica y probatoria, según los casos, que se debe otorgar a la información contenida en este tipo de soportes electrónicos; especialmente, de la contenida en las conocidas aplicaciones de mensajería electrónica, entre las que destacan “Line”, “WeChat” y las más popular, el “WhatsApp”.

En este sentido, por una parte, contamos con una serie de pronunciamientos judiciales que versan sobre el valor probatorio que pueden revestir las conversaciones de WhatsApp mantenidas entre empresarios y trabajadores o entre éstos últimos.

En este estadio de cosas, grosso modo, la jurisprudencia ha venido matizando que si lo que se pretende es que las conversaciones de WhatsApp puedan revestir valor probatorio, es necesario que la prueba electrónica se haya obtenido de forma lícita, con respeto al derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, garantizándose su autenticidad, no siendo suficiente una mera transcripción privada de los mensajes, acompañada de las correspondientes capturas de pantalla en los casos en los que se impugna por la parte contraria, siendo más recomendable que en tales casos se dé fe pública de la transcripción de los WhatsApps.

Todo ello sin obviar la gran importancia que reviste la acreditación del mantenimiento de la cadena de custodia para asegurar la inexistencia de manipulaciones previas que puedan viciar, por ejemplo, la autoría de los mensajes.

Por otra parte, contamos con otra serie de pronunciamientos judiciales que dan un paso más allá y atribuyen plena validez jurídica a determinadas declaraciones de voluntad hechas por las partes a través de WhatsApp en el marco de su relación laboral. En este sentido, destacamos la reciente sentencia del TSJ de Madrid, de fecha 10 de junio de 2015, en la que se otorga validez jurídica a la dimisión de un trabajador de su empresa, comunicada a través de un WhatsApp, sobre la base de que la dimisión puede manifestarse de forma expresa o de manera tácita, no siendo preciso que se ajuste a una declaración formal siempre que se acredite la voluntad clara, concreta, consciente, firme y terminante del trabajador de revelar su propósito.

En el caso analizado por el Tribunal, quedó debidamente acreditada la voluntad del trabajador, pues no solamente se acompañó el mensaje de dimisión, sino que también se aportó la respuesta de la empresa que se hizo empleando el mismo método.

En la medida en que el escenario actual evidencia que esta nueva realidad social del mundo de la mensajería electrónica es cada vez más palmaria en el ámbito de las relaciones laborales, este hecho podría animar al legislador a confeccionar un marco legal a través del cual pueda ofrecerse una regulación relativa al modo en el que puede utilizarse tal tipo de información en el ámbito procesal, evitando eventuales criterios jurisprudenciales dispares que puedan surgir y salvaguardando, de ese modo, los derechos fundamentales consagrados en la Constitución española, como los de seguridad jurídica, intimidad, secreto de las comunicaciones y, en general, derecho de defensa.

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