Directiva-Whistleblowing

El 16 de abril de 2019 el Parlamento Europeo votó y aprobó la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección frente a represalias, de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como Directiva Whistleblowing (esto es, de quien sopla el silbato o en definitiva, el denunciante).En Estados Unidos, la protección del denunciante se ha configurado como un elemento esencial para la lucha contra la corrupción, la revelación de carteles y la investigación de irregularidades empresariales, incluso premiando económicamente a quien revela información que difícilmente podría describirse sin información interna.

La Directiva europea ahora aprobada recoge esta práctica para la protección de la normativa europea (entre otros, en la detección de irregularidades que afecten la seguridad alimentaria, de salud pública o de protección de consumidores) y establece, entras medidas, la necesidad y obligación de implementar cauces y procedimientos internos de denuncia y de tramitación de denuncias. Esta obligación existirá tanto para las entidades públicas, como para las empresas del sector privado que tengan más de 50 trabajadores.

Para la efectiva implementación de los canales de denuncia internas, la Directiva prevé que estos sean negociados con la representación legal de los trabajadores cuando así lo establezca la normativa nacional, y establece de manera específica el alcance y contenido de los procedimientos y tramitación de denuncias. A saber:

  1. Los canales de whistleblowing deben permitir la posibilidad de formular denuncias tanto por escrito como verbalmente, así como por vía telefónica u otros sistemas de mensajería de voz y, también de manera presencias si así lo solicita el denunciante.
  2. Obligación de acusar recibo de la denuncia en un plazo máximo de 7 días;
  3. Designación de una persona o servicio imparcial que sea competente para tramitar las denuncias, que podrá ser la misma persona o servicio que recibe las denuncias y que mantendrá la comunicación con el denunciante y, en caso necesario, se encargará de solicitarle información adicional y de darle respuesta;
  4. Tramitación diligente de todas las denuncias incluidas las anónimas;
  5. Plazo máximo de 3 meses para dar respuesta al denunciante sobre la tramitación de la denuncia, a contar desde el acuse de recibo o, si no hubo acuse de recibo, desde el vencimiento del plazo de siete días desde la presentación de la denuncia.

Debemos recordar que España ya empezó a regular estos canales a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“ ”). El artículo 24 de la LOPDGDD vino por vez primera a confirmar la posibilidad de que las empresas privadas pudieran crear y mantener canales de denuncia (whistleblowing, ver post sobre la entrada en vigor LOPDGDD aquí) a través de los cuales los trabajadores y terceros externos pudieran denunciar, incluso de manera anónima, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable.

Habida cuenta todo lo anterior, y pese a que la Directiva tiene un plazo de transposición de dos años desde su publicación en el DOUE, los planes de compliance ya recomiendan contar con estos canales, y resultan de vital importancia para una investigación interna exitosa. Por este motivo, es altamente recomendable aprovechar esta oportunidad para que las empresas de doten de canales con plenas garantías y que cumplan con las directrices establecidas por la nueva normativa europea sobre la materia.

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Abogada especializada en derecho del trabajo, Lara Vivas ha llevado a cabo negociaciones colectivas, entre las que se incluye la negociación de convenios, mediación en conflictos colectivos y huelgas. Asimismo, ha participado en procesos de restructuración en derecho español y europeo. Ejerce de abogada en tribunales de primera y segunda instancia en España. Ha asesorado a empresas europeas, americanas y asiáticas en asuntos legales de modo continuado, así como a departamentos de Recursos Humanos para realizar análisis estratégicos de sus organizaciones, desde una perspectiva jurídica y de análisis económico del derecho.

lara.vivas@cuatrecasas.com

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