Desde la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales la concienciación sobre accidentes de trabajo de las empresas y los trabajadores sobre la importancia del cumplimiento de los deberes de seguridad y salud que rigen en las relaciones laborales ha evolucionado de manera relevante. Sin duda esto es una buena noticia, sin perjuicio de que quede mucho por hacer, y que el objetivo sea un entorno laboral mucho más seguro.

En estos años la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha realizado un importante esfuerzo en la persecución de los incumplimientos en prevención de riesgos laborales, tanto preventivamente como reactivamente a la producción de un accidente de trabajo, con la imposición de importantes sanciones administrativas y requerimientos para la mejora de la prevención.

Esta actuación por parte de la Inspección de Trabajo es asumida y conocida por todas las empresas, pero tal vez no sean tan conocidas las posibles consecuencias penales relativas a la prevención de riesgos, ni a quiénes corresponde asumir dicha responsabilidad.

Ante la existencia de un accidente de trabajo grave, es cada vez más frecuente que se abran diligencias previas por los juzgados de instrucción a fin de determinar si existen responsabilidades penales o en el fallecimiento o en las lesiones graves de algún trabajador, enmarcándose en los tipos del homicidio doloso (art. 138 del Código Penal –CP-), homicidio imprudente (art. 142 CP), lesiones dolosas (147 CP) o lesiones por imprudencia (art. 152 CP), pudiendo acarrear el homicidio doloso una pena de prisión de diez a quince años.

Adicionalmente a estos delitos, también se puede incurrir en delitos contra los trabajadores, en concreto, el delito del artículo 316 CP sobre la infracción de las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro grave la salud o integridad de los trabajadores.

Estos delitos no se encuentran entre los delitos por los que pueden ser declarados responsables las personas jurídicas. El artículo 318 CP establece que las penas por los delitos contra los trabajadores se impondrán a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos: así, los responsables penales de los delitos contra los trabajadores serán los administradores de la sociedad, directores, gerentes, responsables de centro de trabajo, miembros del servicio de prevención…

A estos efectos, los Tribunales han impuesto un número importante de condenas por accidentes de trabajo, no sólo con tipos encuadrados en la imprudencia, sino incluso tipos dolosos. Un ejemplo es la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas [rec. 1031/2016] en la que se condena a un empresario persona física porque éste conocía que la ausencia de medidas elementales de seguridad no sólo era una infracción normativa, sino que también conocía el riesgo que ello suponía. E igualmente, en la sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa [rec. 1079/2017] se condena por dolo al gerente de una sociedad por no realizar una nueva evaluación de riesgos laborales de una nueva máquina, con la que se produjo un accidente.

Además de las penas de prisión y/o multa por accidentes de trabajo que a las que pudieran ser condenados las personas físicas anteriormente referidas, se pueden imponer a la persona jurídica las penas accesorias previstas en el art. 33 CP, como son la suspensión de sus actividades o clausura de sus locales y establecimientos por un plazo de hasta 5 años, o la prohibición, temporal o definitiva, de realizar las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. También podrán ser inhabilitadas para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante un máximo de 5 años. O se podrá imponer la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario (máximo 5 años).

La empresa deberá asumir asimismo las responsabilidades administrativas correspondientes, y, además, el perjuicio reputacional que conlleva que la persona física responsable penalmente, que será un mando de la empresa (administrador, gerente, responsable de centro de trabajo…), sea enjuiciado e incluso condenado penalmente.

Todo ello lleva a concluir que es evidente que, para evitar los riesgos económicos, penales, y reputacionales derivados de la posible comisión de un delito en materia de prevención de riesgos laborales, deberá realizarse una gestión adecuada de la misma, y sin duda cohonestada con el resto de políticas de gestión de riesgos del cumplimiento normativo.

 

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Abogado asociado de Laboral en Cuatrecasas. Profesor Asociado de la Universidad Loyola Andalucía.

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