La situación financiera de nuestro sistema eléctrico es muy complicada y las medidas adoptadas en 2012 no han conseguido amortiguar el problema de un creciente déficit de tarifa y otros problemas financieros relacionados con él.

Por Mariano Ayuso
Por Mariano Ayuso

Las causas, realmente, son muchas y en varios ámbitos. Desde la proliferación, más allá de lo previsible, de la producción de energía renovable con una retribución primada, hasta el establecimiento en el conjunto del país de una potencia generadora de más de dos veces el consumo eléctrico nacional, o la carga a la factura de la luz de múltiples disfunciones políticas relacionadas con la energía –la moratoria nuclear o las ayudas al carbón- y peculiaridades en los ajustes del sistema: las compensaciones por la producción extrapeninsular o los pagos por mantenimiento de capacidad de generación a las centrales de ciclo combinado.

El caso es que la situación se valora como insostenible y se ha dictado el Real Decreto Ley 9/2013, de 12 de julio, cuyo fin explícito es garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, y ello se aborda con múltiples medidas –que, más que adoptarse, se anuncian en esta norma urgente, pues el desarrollo tiene que venir en normas reglamentarias posteriores-, que no acaban con las causas generadoras del problema, las cuales son varias y variadas, pero  que se dirigen a algunas de ellas de forma amenazadora contra la seguridad jurídica.

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La situación financiera de nuestro sistema eléctrico es muy complicada

Me refiero, en concreto a las medidas que se anuncian en el Real Decreto-Ley para atajar el que, parece, un generador neto de déficit de tarifa y es el sistema de primas en las energías renovables.

Este sistema consiste, en esencia, en que -para fomentar las energías renovables- se estableció un sistema de retribución a la producción de estas energías en el que se incluía una prima que actuaba a modo de estímulo para su implantación. Obviamente con una cierta garantía normativa de permanencia del sistema por un periodo más o menos largo.

El problema grave viene ahora, cuando –para reducir costes del sistema- se pretende suprimir este sistema de primas con efecto retroactivo y sustituirlo, para que el efecto en el sector no sea tan duro de inmediato, por un sistema retributivo conforme al mercado y una compensación -para el caso de que no se cubra con esto la inversión- fundada en dos ejes: el concepto de “empresa eficiente y bien gestionada” y la determinación de la rentabilidad a obtener por el productor de energía por el criterio de “rentabilidad razonable” que consiste en una objetivación de la rentabilidad de proyecto referida al rendimiento medio en el merado secundario de las obligaciones del Estado a diez años, incrementado en unos puntos de interés.

Esta compensación es problemática no sólo en su cuantía –ya que queda por fijar reglamentariamente los conceptos que se integrarán en orden a calcular los costes del proyecto sobre los que girará el porcentaje de “rentabilidad razonable”-, sino en su misma concepción, porque hay un lógico temor en el sector a que la prima percibida hasta el presente implique la absorción de la rentabilidades futuras y queden las empresas con la sola retribución de los precios de mercado (un mercado que nunca se ha caracterizado por su transparencia).

Ante este cambio normativo –que puede significar un horizonte financiero sumamente oscuro-, cabe plantearse si puede el Estado cambiar la reglas de juego de manera tan radical –y perjudicial- sin afrontar el pago de unas indemnizaciones. Ello –además de ser de absoluta justicia- podría paliar el negativo efecto que este tipo de medidas tiene de cara a los inversores extranjeros y que ha sobredimensionado el riesgo país.

Ahora se trata de analizar y plantear la posibilidad de formular demandas contencioso-administrativas por responsabilidad patrimonial contra el Estado, no sólo con el ánimo de defender los intereses de nuestros clientes –a los que muchas veces hemos acompañado en este tipo de inversiones, asesorándoles en la implantación de instalaciones de generación de energías renovables-, sino también de recuperar para España –en el plano de la inversión extrajera- la seguridad jurídica necesaria.

Photo credit: “Caveman Chuck” Coker / Foter / CC BY-ND

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