Siempre se ha dicho que el municipio es la forma más antigua de organización administrativa. Desde luego, en España ha sido y es la forma habitual de colonización, población y repoblación del territorio en todas nuestras épocas históricas.

Tan cierto como lo anterior, si bien con menos raigambre histórica, es la siempre deficiente financiación municipal y el minifundismo local.

Los municipios tienen que prestar una multiplicidad de servicios con un volumen de recursos propios escaso para las tareas legalmente encomendadas.

Por otra parte, el hecho de ser la administración más cercana al ciudadano redunda en una mayor sensibilidad a las demandas y necesidades sociales.

Sucede, además, que si el municipio es muy pequeño, situación no infrecuente en nuestro país, la reducción de los servicios que ha de prestar no es proporcional a su menor tamaño y llega un momento en que no puede atenderlos.

Esto, que es un hecho objetivo, se ha abordado históricamente de distintos modos. En una época no lejana se suprimían municipios y en otra, más reciente y que llega hasta nuestros días, se ha hecho lo contrario, pues se les ha ayudado económicamente a sobrevivir y a mantener sus servicios de acuerdo con ciertos principios de corrección de los desequilibrios territoriales.

La proyectada reforma de la normativa local (concretamente, de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) pretende poner en marcha una tercera vía, consistente en el mantenimiento de la personalidad jurídica de los entes locales no sostenibles y la asunción de sus competencias por las diputaciones provinciales.

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“Contrariamente a lo expuesto en algunos comentarios de prensa, esto no afecta a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino únicamente a los que en la prestación de sus servicios no cumplan con el “coste estándar.”

El anteproyecto de ley, en breve proyecto de ley, lleva por nombre “de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, y basándose en el principio de estabilidad presupuestaria, aborda en primer término la sujeción de los entes locales al “coste estándar de los servicios”.

El “coste estándar” de los servicios locales lo establecerá el Gobierno “oídas las Comunidades Autónomas y previo informe de la Comisión Nacional de  Administración Local”. Los municipios que no cumplan con ese “coste estándar” pueden entrar en un proceso, todavía no concretado en el anteproyecto, en que sus competencias serán asumidas por las diputaciones provinciales.

El anteproyecto asigna un especial relieve a las diputaciones provinciales, que podrán decidir la asunción de competencias de los municipios con menos de 20.000 habitantes que se encuentren en esta situación. La comunidad autónoma puede, a lo sumo, informar, pero no decide.

Los municipios conservan plenamente su personalidad jurídica, pero no la gestión de estas competencias económicamente no sostenibles.

Contrariamente a lo expuesto en algunos comentarios de prensa, esto no afecta a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, sino únicamente a los que en la prestación de sus servicios no cumplan con el “coste estándar.” Dependiendo de la valoración de este “coste estándar” y de la voluntad de cada diputación provincial, la afección será menor o mayor. Destaca el silencio positivo de un mes atribuido a la diputación provincial, que asumirá las competencias si no se pronuncia al respecto en este plazo.

Confiando en la bondad de la medida, el anteproyecto permite a los municipios de más de 20.000 habitantes solicitar a la diputación provincial la gestión de sus servicios (suponemos que los no sostenibles).

Quizá el nuevo papel de las diputaciones provinciales sea el punto más complejo de la norma, así como su encaje, todavía no desarrollado, en las comunidades autónomas que han creado comarcas.

La línea directriz del anteproyecto es la reducción de costes, de ahí que apunte también a una reducción de las entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio y las mancomunidades.

Pero el anteproyecto va más allá, y junto a las diversas cuestiones relativas a las competencias locales, la limitación de los miembros de las corporaciones que pueden ser retribuidos con dedicación exclusiva y del personal eventual y el régimen de los funcionarios locales con habilitación nacional, entre otros asuntos, incluye una parte dirigida, en línea con la directiva de servicios y la anunciada ley de unidad de mercado, a la reducción de las autorizaciones y licencias.

La norma parte del principio de que, con carácter general, el ejercicio de actividades no puede someterse a la “obtención de licencia u otro medio de control preventivo”.

Será la ley la que determine qué actividades quedan concretamente sujetas a control preventivo por afectar a la protección del medio ambiente, el patrimonio histórico artístico y la seguridad o la salud públicas o implicar el uso privativo o la ocupación de dominio público.

El anteproyecto es más concreto en cuanto a las instalaciones e infraestructuras precisas para el ejercicio de actividades, reduciendo la amplitud de los conceptos anteriores.

Aunque la normativa puede adolecer de cierto exceso de amplitud, que conllevará una inercia contraria al cambio, lo cierto es que es restrictiva, en cuanto la exigencia de autorizaciones y licencias debe reservarse para casos concretos y ha de estar justificada y ser proporcionada.

Esta medida, además de aligerar de trámites innecesarios la actividad económica de las empresas, con el tiempo debería suponer una reducción de la carga burocrática, que es la orientación general del anteproyecto.

En definitiva, nos hallamos ante una reforma basada en criterios económicos de pura reducción de costes, no de planificación administrativa o de desarrollo y equilibrio territorial. El tiempo dirá si esta medida soluciona o no los problemas endémicos de nuestra administración local.

Photo credit: . SantiMB . / Foter.com / CC BY-NC-ND

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