El Gobierno, tras un largo estudio y varios borradores –entre ellos una proposición de Ley cuando estaba en la oposición-, aprobó y remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de modificación de la Ley de Costas.

Por Mariano Ayuso
Por Mariano Ayuso

Abreviadamente, lo estamos conociendo como reforma de la Ley de Costas, pues –aun cuando contribuye y se dirige, naturalmente a la protección del litoral- su verdadero sentido y función es la reforma de la controvertida Ley de Costas.

Esta Ley –de julio de 1988 y próxima, por tanto, a sus bodas de plata- fue desde su promulgación una norma polémica que ha generado numerosos conflictos, tanto por sus disposiciones normativas, como por la manera en que ha sido aplicada, una veces, e inaplicada, otras. Se trataba de una Ley fuertemente intervencionista, que estableció un régimen de titularidad pública de importantes espacios de la ribera del mar y sometió a las propiedades privadas limítrofes con el dominio público marítimo terrestre a severas limitaciones de uso, dando la interpretación más favorable posible a lo público dentro del marco del artículo 132 de la Constitución. Además, las definiciones de dicho dominio público y la manera de deslindarlos no eran diáfanos y han dejado un amplio margen para la arbitrariedad.

Los propietarios afectados –“perjudicados” se han autotitulado en las asociaciones constituidas para la protección de sus derechos conculcados– llevaron sus quejas a las instituciones europeas e internacionales y ello ha generado una imagen de España poco concorde con la seguridad jurídica y perjudicial para la inversión extranjera y el turismo. Incluso en el conocido informe Auken del Parlamento Europeo se hace referencia a esta cuestión.

El Gobierno no ha optado por una reforma del sistema en sí mismo, cambiando el modelo, sino que sencillamente busca mejorarlo. Y esto pretende hacerlo reforzando tanto la protección del litoral, como la seguridad jurídica de las situaciones de hecho y de derecho creadas, y estableciendo medidas susceptibles de generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de costa y las actividades económicas en su entorno.

Costa
“El Gobierno no ha optado por una reforma del sistema en sí mismo, cambiando el modelo, sino que sencillamente busca mejorarlo”.

Así, se redefine la zona marítimo-terrestre, su deslinde, se establecen mecanismos cautelares para evitar expolios en el dominio público y en las edificaciones preexistentes –en un sentido y en otro-, se distingue entre playas urbanas y naturales –dando un plus de protección a éstas-, se garantiza la seguridad jurídica al establecer la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y se establece una información de deslinde vía Internet se alivian las servidumbres en los terrenos colindantes con dicho dominio público y se facilitan –con evaluación ambiental previa- las actividades económicas en el litoral.

La medida que, quizás, vaya a tener más efectos positivos sea la de la ampliación del plazo de las concesiones en el dominio público hasta un máximo de setenta y cinco años, en vez de los treinta de máximo actualmente en vigor. En especial esto es relevante respecto de las situaciones en las que, por alteración de la zona marítimo-terrestre, propiedades hasta entonces particulares pasaban a estar en ella y se establecía que la propiedad privada pasaba a ser una concesión por treinta años. En el proyecto estos treinta años pasan a ser setenta y cinco y –además- va a suponer una ampliación en las casos en los que –por la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988- expiraban las concesiones en 2018.

La reforma viene a paliar –esperemos que con acierto y éxito- algunos de los problemas que ha generado la Ley de Costas y su aplicación –muy restrictiva en algunas zonas y sumamente laxa en otras-, pero probablemente sea menos ambiciosa de lo que cabía esperar.

De hecho los colectivos de afectados y perjudicados por la Ley de Costas se han dejado oír ya, criticando la moderación en algunas de las medidas y afirmando que el anteproyecto de hizo público en julio de este año era mucho más avanzado en las soluciones que ofrecía. En particular, preocupa lo relativo a la definición del dominio público y su deslinde, que –la verdad- es el eje en torno al cual se van a articular el régimen jurídico de los espacios afectados y los consiguientes derechos y deberes de sus titulares.

Lo cierto es que la reforma es –como su nombre indica- una mera reforma, no tan ambiciosa como podría haberse abordado –menos que los anteriores proyectos-, pero no por ello deja ser sumamente útil. En especial en cuanto a la mayor seguridad jurídica que se otorga, a la ampliación de la duración de las concesiones y a la mayor permisión de actividades económicas. El efecto será netamente positivo y –además- en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley se están introduciendo reformas más ambiciosas, como la –a mi juicio necesaria- reducción de la reducción de la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en aquellos terrenos que aun no estando formalmente clasificados como urbanos, reúnan materialmente las características del suelo urbano; o la ampliación de los usos de interés turístico.

Pero, y para concluir, no podemos dejar de observar que la inseguridad generada por la Ley de 1988, los expolios a que ha dado lugar –por sí misma o por las ineficiencias en su aplicación dada su vaguedad en bastantes campos- y su muy restrictivo enfoque, obligarían a plantearse la elaboración de una Ley nueva en su integridad y con principios distintos –dentro del respeto a las previsiones constitucionales- que recondujera a un modelo distinto la ordenación jurídica de nuestro litoral. No obstante, no está mal que el giro comience por esta reforma.

Photo credit: Agunther / Foter.com / CC BYEl Gobierno, tras un largo estudio y varios borradores –entre ellos una proposición de Ley cuando estaba en la oposición-, aprobó y remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral de modificación de la Ley de Costas. Abreviadamente, lo estamos conociendo como reforma de la Ley de Costas, pues –aun cuando contribuye y se dirige, naturalmente a la protección del litoral- su verdadero sentido y función es la reforma de la controvertida Ley de Costas.

Esta Ley –de julio de 1988 y próxima, por tanto, a sus bodas de plata- fue desde su promulgación una norma polémica que ha generado numerosos conflictos, tanto por sus disposiciones normativas, como por la manera en que ha sido aplicada, una veces, e inaplicada, otras. Se trataba de una Ley fuertemente intervencionista, que estableció un régimen de titularidad pública de importantes espacios de la ribera del mar y sometió a las propiedades privadas limítrofes con el dominio público marítimo terrestre a severas limitaciones de uso, dando la interpretación más favorable posible a lo público dentro del marco del artículo 132 de la Constitución. Además, las definiciones de dicho dominio público y la manera de deslindarlos no eran diáfanos y han dejado un amplio margen para la arbitrariedad.

Los propietarios afectados –“perjudicados” se han autotitulado en las asociaciones constituidas para la protección de sus derechos conculcados- llevaron sus quejas a las instituciones europeas e internacionales y ello ha generado una imagen de España poco concorde con la seguridad jurídica y perjudicial para la inversión extranjera y el turismo. Incluso en el conocido informe Auken del Parlamento Europeo se hace referencia a esta cuestión.

El Gobierno no ha optado por una reforma del sistema en sí mismo, cambiando el modelo, sino que sencillamente busca mejorarlo. Y esto pretende hacerlo reforzando tanto la protección del litoral, como la seguridad jurídica de las situaciones de hecho y de derecho creadas, y estableciendo medidas susceptibles de generar confianza y certidumbre en las ocupaciones de costa y las actividades económicas en su entorno.

Así, se redefine la zona marítimo-terrestre, su deslinde, se establecen mecanismos cautelares para evitar expolios en el dominio público y en las edificaciones preexistentes –en un sentido y en otro-, se distingue entre playas urbanas y naturales –dando un plus de protección a éstas-, se garantiza la seguridad jurídica al establecer la inscripción obligatoria en el Registro de la Propiedad de los bienes de dominio público marítimo-terrestre y se establece una información de deslinde vía internet, se alivian las servidumbres en los terrenos colindantes con dicho dominio público y se facilitan –con evaluación ambiental previa- las actividades económicas en el litoral.

La medida que, quizás, vaya a tener más efectos positivos sea la de la ampliación del plazo de las concesiones en el dominio público hasta un máximo de setenta y cinco años, en vez de los treinta de máximo actualmente en vigor. En especial esto es relevante respecto de las situaciones en las que, por alteración de la zona marítimo-terrestre, propiedades hasta entonces particulares pasaban a estar en ella y se establecía que la propiedad privada pasaba a ser una concesión por treinta años. En el proyecto estos treinta años pasan a ser setenta y cinco y –además- va a suponer una ampliación en las casos en los que –por la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988- expiraban las concesiones en 2018.

La reforma viene a paliar –esperemos que con acierto y éxito- algunos de los problemas que ha generado la Ley de Costas y su aplicación –muy restrictiva en algunas zonas y sumamente laxa en otras-, pero probablemente sea menos ambiciosa de lo que cabía esperar.

De hecho los colectivos de afectados y perjudicados por la Ley de Costas se han dejado oir ya, criticando la moderación en algunas de las medidas y afirmando que el anteproyecto de hizo público en julio de este año era mucho más avanzado en las soluciones que ofrecía. En particular, preocupa lo relativo a la definición del dominio público y su deslinde, que –la verdad- es el eje en torno al cual se van a articular el régimen jurídico de los espacios afectados y los consiguientes derechos y deberes de sus titulares.

Lo cierto es que la reforma es –como su nombre indica- una mera reforma, no tan ambiciosa como podría haberse abordado –menos que los anteriores proyectos-, pero no por ello deja ser sumamente útil. En especial en cuanto a la mayor seguridad jurídica que se otorga, a la ampliación de la duración de las concesiones y a la mayor permisión de actividades económicas. El efecto será netamente positivo y –además- en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley se están introduciendo reformas más ambiciosas, como la –a mi juicio necesaria- reducción de la reducción de la zona de servidumbre de protección de 100 a 20 metros en aquellos terrenos que aun no estando formalmente clasificados como urbanos, reúnan materialmente las características del suelo urbano; o la ampliación de los usos de interés turístico.

Pero, y para concluir, no podemos dejar de observar que la inseguridad generada por la Ley de 1988, los expolios a que ha dado lugar –por sí misma o por las ineficiencias en su aplicación dada su vaguedad en bastantes campos- y su muy restrictivo enfoque, obligarían a plantearse la elaboración de una Ley nueva en su integridad y con principios distintos –dentro del respeto a las previsiones constitucionales- que recondujera a un modelo distinto la ordenación jurídica de nuestro litoral. No obstante, no está mal que el giro comience por esta reforma.

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