El pasado 10 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, tras una larga y polémica gestación –tanto en vía de elaboración administrativa y consultiva como en su tramitación parlamentaria- una ley de gran repercusión: la de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Nos lo cuenta nuestro socio Mariano Ayuso.

Por Mariano Ayuso
Por Mariano Ayuso

Además del obvio impulso hacia la regeneración de lo público, de la que tan necesitado está nuestro país, si los medios de transparencia, información y buen gobierno –que incluye unas importantes normas sobre infracciones y sanciones relacionadas con el buen gobierno (desde la proscripción de conductas ya incriminadas desde antiguo en el Código Penal, hasta preocupaciones más actuales como la adquisición de compromisos de gasto o endeudamiento más allá  de los  límites autorizables o  razonablemente asumibles)- tienen  una aplicación rigurosa van a beneficiar grandemente a la confianza de ciudadanos y empresas en el sector público y en los mecanismos reguladores. En definitiva, van a disminuir el llamado riesgo país respecto de los inversores y operadores.

Baste con un ejemplo sobre un aspecto puntual que no ha sido muy difundido en el debate mediático que ha acompañado al anteproyecto –y al proyecto- de ley. Se trata de la difusión de la llamada en la ley  “información de relevancia jurídica (artículo 7), que supone la información relevante y anticipada de los criterios y trabajos preparatorios – hasta cierto límite- de las normas de todo rango –no sólo de las leyes más importantes- que pueden ser de gran utilidad para la previsión y planificación de operaciones e inversiones –por ejemplo, la el conocimiento de las memorias de análisis de impacto normativo de los futuros textos normativos.

focus-11
Si los medios de transparencia, información y buen gobierno tienen una aplicación rigurosa, van a beneficiar grandemente a la confianza de ciudadanos y empresas en el sector público.

En  el  mismo  sentido,  pero  con  una  eficacia  más  de  control  y  análisis  de evolución y tendencias la llamada “información económica, presupuestaria y estadística” (artículo 8). Muchas otras cosas tiene de interés esta Ley que podríamos destacar, como su ámbito de aplicación –mucho más amplio que lo previsto en un principio en los anteproyectos de ley- y que alcanza no sólo a un amplio catálogo en entidades públicas –desde la Casa del Rey hasta los altos órganos constitucionales-, sino también, y ello es digno de elogio, a aquellas entidades privadas, que por la vía de los  contratos  o  de  las  subvenciones  manejan  gran  parte  de    los  recursos públicos, entre ellos –obviamente- los sindicatos, partidos políticos y organizaciones empresariales.

Un punto débil de la aplicación de la ley es el aspecto de su aplicación en el ámbito autonómico, pues al tratarse de una ley estatal, los mecanismos –Portal de Transparencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno- se establecen normativamente para el ámbito de gestión de la Administración del Estado, por lo que será necesaria la implementación en sus respectivos ámbitos –y el local- por las Comunidades Autónomas, aunque  es  de  esperar  que  éstas  se  apresuren  a implantar lo antes posible los mecanismos que no redundan sino en beneficio de su mejor funcionamiento y del bien de sus ciudadanos, además de estar controlado por organizaciones no gubernamentales –europeas e internacionales- que utilizan estos criterios para  categorizar países y regiones en el orden de la fiabilidad y la confianza de inversores y operadores.

Photo credit: toolstop / Foter.com / CC BY

Autores:

156 artículos

Blog de Cuatrecasas, uno de los referentes en la abogacía de negocios en España y Portugal. Representamos a algunas de las principales empresas cotizadas de ambos países y asesoramos a nuestros clientes en operaciones estratégicas, así como a inversores extranjeros interesados en el mercado ibérico

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *