El ruido provocado por la amnistía fiscal, y las obligaciones de información colaterales a este proceso, está motivando que otras importantes medidas tributarias impulsadas recientemente por el Gobierno estén gozando de menos atención de la esperada. Es el caso de la “Actualización de Balances” regulada en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Ignacio Costa
Por Ignacio Costa

 

Esta norma permite a las empresas (y también a los contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas y a los del IRNR con establecimiento permanente), de forma voluntaria, actualizar el valor de determinados activos de sus balances, con el objeto de compensar el impacto que la inflación haya podido tener sobre los mismos con motivo del paso del tiempo. Este régimen no constituye en ningún caso una novedad en nuestro sistema contable-tributario, ya que a lo largo de los años se han sucedido varias normas que perseguían el mismo objetivo de aproximar los balances de las empresas a su imagen fiel, siendo el precedente normativo más inmediato la actualización de balances aprobada con el Real Decreto-ley 7/1996.

Balance
«Esta norma permite a las empresas (y también a los contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas y a los del IRNR con establecimiento permanente), de forma voluntaria, actualizar el valor de determinados activos de sus balances»

Con carácter general, el nuevo régimen de actualización de balances consiste en aumentar el valor de determinados activos, siendo la contrapartida una cuenta de reserva especial que formará parte de los fondos propios de la compañía. Esta actualización de valor de los activos tiene plena efectividad contable y fiscal, si bien no se puede empezar a amortizar hasta el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015. La actualización está sujeta a un gravamen único, que se cuantifica en el 5% del incremento neto de valor de los activos.

No es el objeto del presente artículo diseccionar la particular casuística que puede plantear el cálculo de esta actualización, pero a grandes rasgos puede decirse que el aumento de valor de los activos se calcula aplicando sobre el precio de adquisición o coste de producción del elemento, y sobre las amortizaciones fiscales practicadas sobre el mismo, los coeficientes de actualización previstos legalmente en función del año de adquisición, producción y amortización del elemento. Sobre el resultado de este cálculo debe aplicarse también otro coeficiente en función de los ratios de financiación de la compañía. La actualización así calculada en ningún caso puede suponer que el valor del activo actualizado supere su valor de mercado, ya que este valor de mercado operará siempre como límite máximo de la actualización.

No todos los activos de una empresa pueden acogerse a este régimen de actualización, sino sólo los elementos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias. Así, la norma no admite la actualización de las existencias ni de los elementos del inmovilizado intangible (con alguna excepción para los intangibles de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas).

La actualización es voluntaria, pero si se opta por su aplicación la misma debe afectar a todos los elementos de la compañía, excepto en el caso de los inmuebles respecto de los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos.

En cuanto al plazo para contabilizar la actualización, a pesar de las dudas iniciales, finalmente el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), mediante Consulta número 5 del BOICAC 92 de diciembre de 2012, ha aclarado que, para las sociedades con ejercicio coincidente con el año natural, la actualización no deberá registrarse en las cuentas anuales del año 2012 (sólo deberá realizarse una mención informativa en la memoria), sino que deberá contabilizarse en las cuentas anuales del ejercicio 2013. Ello sin perjuicio de que, desde una perspectiva estrictamente fiscal, la Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante de fecha 8 de febrero de 2013 ha confirmado que para aplicar este régimen sí será necesario elaborar con fecha 31 de diciembre de 2012 un balance de actualización “ad hoc”, específico y distinto, por tanto, del correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2012. Este balance “ad hoc” incorporará la actualización de valor de los activos y deberá ser objeto de aprobación por el órgano competente en el mismo plazo que existe para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (esto es, 30 de junio de 2013). El gravamen único del 5% se devengará con ocasión de la aprobación del mencionado balance “ad hoc”, y deberá autoliquidarse e ingresarse (modelo 208) en el mismo plazo que la declaración del IS del ejercicio 2012, esto es, para compañías con ejercicio social coincidente con el año natural, el 25 de julio de 2013.

Expuesto sintéticamente el marco general de este régimen, surge la gran cuestión: ¿Vale la pena acogerse a la actualización de balances? Y la respuesta, cómo no, es que depende. La principal ventaja que ofrece este régimen es la posibilidad de amortizar con plena efectividad fiscal, desde el primer periodo impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2015, el incremento neto de valor de los activos actualizados durante los años que resten para completar su vida útil. Por tanto, a cambio de abonar ahora un 5% del incremento neto de valor, las sociedades que tributen según el tipo general de gravamen en el IS podrán minorar su tributación futura deduciéndose fiscalmente, vía amortización, el 30% de dicho incremento neto de valor. Obviamente, para calcular correctamente el impacto real de esta medida debe tenerse en cuenta el efecto financiero derivado del hecho de que el pago del gravamen único del 5% se realice ahora, y en cambio la recuperación vía amortización se obtenga durante varios años y siempre a partir del primer período impositivo que se inicie en el año 2015. En cualquier caso, la actualización de balances puede ser, como vemos, una buena opción para empresas que tengan elementos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias con vocación de permanencia.

Por el contrario, no es en ningún caso recomendable aplicar este régimen de actualización a activos que se pretendan transmitir en el corto plazo, dado que en caso de venta, por aplicación de los coeficientes de corrección monetaria previstos en el artículo 15.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se conseguiría un efecto parecido al de la actualización de balances, pero sin el coste fiscal del 5%.

En conclusión, habida cuenta de la abundante casuística existente, no puede realizarse una recomendación en genérico respecto a la conveniencia de acogerse al régimen de actualización, sino que para tomar una decisión deberá realizarse un análisis del concreto impacto de la medida en cada caso. Sí es cierto, no obstante, que el tipo del 5% de gravamen único parece algo elevado, sobre todo en un momento como el actual en el que la tesorería de las empresas está fuertemente castigada. Recordemos que el tipo de gravamen que se aplicó en el último precedente de actualización de balances (Real Decreto-ley 7/1996) fue el 3%, por lo que en un contexto como el actual creemos que hubiera sido más aconsejable optar por un gravamen más reducido.El ruido provocado por la amnistía fiscal, y las obligaciones de información colaterales a este proceso, está motivando que otras importantes medidas tributarias impulsadas recientemente por el Gobierno estén gozando de menos atención de la esperada. Es el caso de la “Actualización de Balances” regulada en el artículo 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica.

Esta norma permite a las empresas (y también a los contribuyentes del IRPF que realizan actividades económicas y a los del IRNR con establecimiento permanente), de forma voluntaria, actualizar el valor de determinados activos de sus balances, con el objeto de compensar el impacto que la inflación haya podido tener sobre los mismos con motivo del paso del tiempo. Este régimen no constituye en ningún caso una novedad en nuestro sistema contable-tributario, ya que a lo largo de los años se han sucedido varias normas que perseguían el mismo objetivo de aproximar los balances de las empresas a su imagen fiel, siendo el precedente normativo más inmediato la actualización de balances aprobada con el Real Decreto-ley 7/1996.

Con carácter general, el nuevo régimen de actualización de balances consiste en aumentar el valor de determinados activos, siendo la contrapartida una cuenta de reserva especial que formará parte de los fondos propios de la compañía. Esta actualización de valor de los activos tiene plena efectividad contable y fiscal, si bien no se puede empezar a amortizar hasta el primer período impositivo que se inicie a partir de 1 de enero de 2015. La actualización está sujeta a un gravamen único, que se cuantifica en el 5% del incremento neto de valor de los activos.

No es el objeto del presente artículo diseccionar la particular casuística que puede plantear el cálculo de esta actualización, pero a grandes rasgos puede decirse que el aumento de valor de los activos se calcula aplicando sobre el precio de adquisición o coste de producción del elemento, y sobre las amortizaciones fiscales practicadas sobre el mismo, los coeficientes de actualización previstos legalmente en función del año de adquisición, producción y amortización del elemento. Sobre el resultado de este cálculo debe aplicarse también otro coeficiente en función de los ratios de financiación de la compañía. La actualización así calculada en ningún caso puede suponer que el valor del activo actualizado supere su valor de mercado, ya que este valor de mercado operará siempre como límite máximo de la actualización.

No todos los activos de una empresa pueden acogerse a este régimen de actualización, sino sólo los elementos del inmovilizado material y las inversiones inmobiliarias. Así, la norma no admite la actualización de las existencias ni de los elementos del inmovilizado intangible (con alguna excepción para los intangibles de las empresas concesionarias de infraestructuras públicas).

La actualización es voluntaria, pero si se opta por su aplicación la misma debe afectar a todos los elementos de la compañía, excepto en el caso de los inmuebles respecto de los cuales podrá optarse por su actualización de forma independiente para cada uno de ellos.

En cuanto al plazo para contabilizar la actualización, a pesar de las dudas iniciales, finalmente el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), mediante Consulta número 5 del BOICAC 92 de diciembre de 2012, ha aclarado que, para las sociedades con ejercicio coincidente con el año natural, la actualización no deberá registrarse en las cuentas anuales del año 2012 (sólo deberá realizarse una mención informativa en la memoria), sino que deberá contabilizarse en las cuentas anuales del ejercicio 2013. Ello sin perjuicio de que, desde una perspectiva estrictamente fiscal, la Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante de fecha 8 de febrero de 2013 ha confirmado que para aplicar este régimen sí será necesario elaborar con fecha 31 de diciembre de 2012 un balance de actualización “ad hoc”, específico y distinto, por tanto, del correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2012. Este balance “ad hoc” incorporará la actualización de valor de los activos y deberá ser objeto de aprobación por el órgano competente en el mismo plazo que existe para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012 (esto es, 30 de junio de 2013). El gravamen único del 5% se devengará con ocasión de la aprobación del mencionado balance “ad hoc”, y deberá autoliquidarse e ingresarse (modelo 208) en el mismo plazo que la declaración del IS del ejercicio 2012, esto es, para compañías con ejercicio social coincidente con el año natural, el 25 de julio de 2013.

Expuesto sintéticamente el marco general de este régimen, surge la gran cuestión: ¿Vale la pena acogerse a la actualización de balances? Y la respuesta, como no, es que depende. La principal ventaja que ofrece este régimen es la posibilidad de amortizar con plena efectividad fiscal, desde el primer periodo impositivo iniciado a partir del 1 de enero de 2015, el incremento neto de valor de los activos actualizados durante los años que resten para completar su vida útil. Por tanto, a cambio de abonar ahora un 5% del incremento neto de valor, las sociedades que tributen según el tipo general de gravamen en el IS podrán minorar su tributación futura deduciéndose fiscalmente, vía amortización, el 30% de dicho incremento neto de valor. Obviamente, para calcular correctamente el impacto real de esta medida debe tenerse en cuenta el efecto financiero derivado del hecho de que el pago del gravamen único del 5% se realice ahora, y en cambio la recuperación vía amortización se obtenga durante varios años y siempre a partir del primer período impositivo que se inicie en el año 2015. En cualquier caso, la actualización de balances puede ser, como vemos, una buena opción para empresas que tengan elementos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias con vocación de permanencia.

Por el contrario, no es en ningún caso recomendable aplicar este régimen de actualización a activos que se pretendan transmitir en el corto plazo, dado que en caso de venta, por aplicación de los coeficientes de corrección monetaria previstos en el artículo 15.9 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se conseguiría un efecto parecido al de la actualización de balances, pero sin el coste fiscal del 5%.

En conclusión, habida cuenta de la abundante casuística existente, no puede realizarse una recomendación en genérico respecto a la conveniencia de acogerse al régimen de actualización, sino que para tomar una decisión deberá realizarse un análisis del concreto impacto de la medida en cada caso. Sí es cierto, no obstante, que el tipo del 5% de gravamen único parece algo elevado, sobre todo en un momento como el actual en el que la tesorería de las empresas está fuertemente castigada. Recordemos que el tipo de gravamen que se aplicó en el último precedente de actualización de balances (Real Decreto-ley 7/1996) fue el 3%, por lo que en un contexto como el actual creemos que hubiera sido más aconsejable optar por un gravamen más reducido.

Autores:

165 artículos

Blog de Cuatrecasas, uno de los referentes en la abogacía de negocios en España y Portugal. Representamos a algunas de las principales empresas cotizadas de ambos países y asesoramos a nuestros clientes en operaciones estratégicas, así como a inversores extranjeros interesados en el mercado ibérico