El 19 de agosto de 2014, la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) decidió sancionar al Barça con la imposibilidad de fichar jugadores en dos periodos de traspasos consecutivos por contravenir el Reglamento FIFA en lo que a contratación de menores se refiere.

La sanción federativa, sin embargo, no obstaba para que el F.C. Barcelona contratase nuevos jugadores. Así, en verano de 2015, el Barça incorporó a dos nuevos futbolistas, con la particularidad de que éstos no podrían disputar partido alguno con el Barça hasta el cumplimiento de la sanción, esto es, hasta diciembre de 2015.

En este punto, cabe recordar que la firma del contrato de trabajo del deportista profesional debe ir acompañada de la tramitación de la licencia federativa para poder así participar de la competición. En relación con lo anterior, el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de abril de 2010 (RCUD 238/2008), ya resolvió que la no tramitación de la licencia federativa por parte del club es incumplimiento grave del empleador por violación del derecho del trabajador a la ocupación efectiva y, por tanto, motivo para la extinción del contrato.

Así, en el presente caso, la imposibilidad de jugar partidos por parte de estos dos jugadores implica que la prestación de servicios quede limitada única y exclusivamente al entrenamiento, siendo imposible para el club beneficiarse de la prestación de servicios final de sus jugadores. En este sentido, el artículo 7.4 del RD 1006/1985, que regula la relación deportivo especial de los deportistas profesionales, ya reconoce que el derecho a la ocupación efectiva se cumple con la participación del deportista profesional en los entrenamientos.

De los hechos descritos llama la atención que sean futbolistas ajenos a los que fueron origen de la sanción quienes resulten perjudicados por la decisión de la FIFA. No obstante, también cabe decir que en el momento de contratar con el Barça, ambos eran plenamente conocedores de la limitación que implicaba firmar por este club.

Teniendo en consideración lo anterior, pudiera ser que el contrato de trabajo de estos jugadores haya establecido una retribución distinta para cuando aquéllos pudieran disputar encuentros, y otra para los meses previos, en los que además estaban en juego una serie de trofeos, que con casi total seguridad podrían haber tenido asociados una serie de premios por su obtención.

La relación entre el contrato deportivo de un futbolista profesional y la ficha federativa necesaria para la disputa de encuentros sería similar a la de una empresa de transportes o un despacho de abogados, donde además del contrato de trabajo, al trabajador se le exige una licencia o permiso vigente para poder desarrollar con plenitud la prestación de servicios propia de su contrato.

Pese a la similitud anterior, plantear una sanción como la de la FIFA en una relación deportivo ordinaria sería algo ciertamente impensable, en el sentido de sancionar a una empresa con la prohibición de contratar nuevos trabajadores durante un periodo determinado o que, pudiendo contratarlos, el empleador no pudiera beneficiarse de la prestación de servicios final de sus trabajadores recién contratados.

Este caso no hace más que demostrar cuán de particular es la relación deportivo especial del deportista profesional, en la que no cabe olvidar que el objetivo principal del empleador es la obtención de títulos en competencia directa con otros empleadores, siendo la contratación de deportistas una de las principales vías, sino la principal, para conseguir el objetivo indicado.

*Autores: Rubén Agote y José Mª Martínez Salamanca

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