El pasado 10 de diciembre fue publicada en el BOE la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM); un proyecto legislativo no exento de polémica, que llevaba tiempo siendo reclamado por parte de los foros empresariales y que ha levantado no pocas suspicacias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

La LGUM se presenta como una norma llamada a la simplificación y eliminación de cargas administrativas, si bien, su ambicioso objetivo (aunque debiera ser ya un problema superado), no es otro que posibilitar, de forma efectiva, que cualquier persona física o jurídica, legalmente establecida en cualquier lugar del territorio nacional, o cualquier producto legalmente producido, pueda desarrollar su actividad económica o pueda circular libremente sin necesidad de volver a obtener nuevas autorizaciones o acreditaciones adicionales para operar en otras Comunidades.

Asimismo, la norma prevé a favor de los operadores toda una serie de mecanismos alternativos de denuncia de infracciones en materia de unidad de mercado ante la recién creada Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ante la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado.

Al margen de cualquier tipo de consideración política, resulta un hecho innegable que la dispersión normativa provocada en parte por cómo se ha desarrollado la organización administrativa territorial y cómo se han ejercido las competencias por las distintas Administraciones, ha creado un marco regulatorio asimétrico y nada favorable para la creación y desarrollo de empresas, algo muy necesario en estos tiempos. Y es que, según informes de la OCDE (Informes1. http://www.doingbusiness.org/rankings 2. http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB13-full-report.pdf)), España es uno de los países menos propicios para el emprendedor, debido a las innumerables cargas administrativas que es preciso ir sorteando para la creación y desarrollo de negocios.

La norma incluye asimismo un amplio catálogo de supuestos que expresamente son considerados como contrarios a la unidad de mercado, a saber, entre otros, los requisitos basados directa o indirectamente en el lugar de residencia del operador, requisitos de autorización, homologación, certificación o registro previo en el lugar de destino, la exigencia de realización de inversiones previas, o especificaciones técnicas para la circulación legal de productos, adicionales a las ya exigidas en el lugar de origen del mismo.

En este sentido, sólo se entenderán compatibles con la LGUM aquellas medidas, trámites, autorizaciones o permisos previos en los que concurran motivos de especial necesidad y proporcionalidad, como por ejemplo, razones de orden, seguridad y salud pública, protección del medio ambiente, patrimonio histórico o escasez de recursos naturales.

Otro aspecto llamativo es el reconocimiento de acción popular y la extensión de la legitimación para acudir al sistema alternativo de resolución de conflictos a cualquier tipo de entidad, asociación profesional, cámaras de comercio u organizaciones representativas.

Es muy difícil que la aprobación de una simple ley haga una economía competitiva de la noche a la mañana y, del mismo modo, es bastante improbable que la misma acabe con el problema de la hiperinflación normativa que venimos sufriendo. No obstante, y éste entiendo que es su verdadero valor, para que se produzca el cambio real que necesitamos, siempre es necesaria una primera piedra y la LGUM puede ser una buena forma de empezar.

La creación de empleo pasa a su vez en gran parte por favorecer la creación y mantenimiento de las empresas y ello solo es posible dentro de un marco regulatorio que sea exigente, pero a la vez estable, flexible, y razonable, que ofrezca la suficiente seguridad jurídica como para al menos no desincentivar la actividad económica, ya que, en efecto, lo que late en muchas ocasiones bajo el problema de la pérdida de competitividad de la economía española, no es otra cosa que un grave problema de seguridad jurídica.

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