Cuestión prejudicial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE” o “Tribunal de Justicia”) ha inadmitido la petición de cuestión prejudicial presentada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Madrid en el marco de las reclamaciones de daños derivadas de infracciones de la competencia, contra la empresa de combustibles fósiles Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (“Repsol”). En el Auto, publicado el pasado 28 de octubre de 2020 (Asunto C-716/19), el Tribunal consideraba que el Juzgado no proporcionó suficiente información para que los jueces comprendieran los procedimientos principales, ni identificó la legislación nacional y europea aplicable.

Sobre la petición de cuestión prejudicial

En 2001, tras analizar un muestreo de los diferentes tipos de contratos celebrados por Repsol, S. A., y CEPSA, el Tribunal de Defensa de la Competencia dictó una resolución por la que sancionaba a ambas empresas por haber fijado directamente a distribuidores independientes los precios de venta al público de los combustibles bajo un supuesto régimen de comisión o agencia. Posteriormente, en 2009 la Comisión Nacional de la Competencia volvió a sancionarlas puesto que transformaron la fijación directa del precio en un régimen de fijación indirecta, igualmente prohibido. Sin embargo, la conducta no cesó ahí, ya que en los años 2013 y 2017, la CNMC publicó dos resoluciones de vigilancia por inclumimiento de las obligaciones impuestas en 2009.

Sobre la base de estas dos últimas decisiones, seis personas físicas interpusieron demanda de reclamación de daños contra Repsol ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid por considerarse afectadas por las prácticas sancionadas. El Juzgado decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia dos cuestiones prejudiciales, en relación con el Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado en la que se preguntaba si una decisión de una autoridad nacional de competencia que adquiere carácter firme, puede considerarse como prueba plena en un procedimiento judicial y, por tanto, afectar a los procedimientos judiciales posteriores.

Sobre el auto que inadmite la petición de cuestión prejudicial

La cuestión prejudicial es una herramienta para la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales que tiene entre sus objetivos garantizar la uniformidad de la aplicación del Derecho de la UE.

Para asegurar que el TJUE tenga un conocimiento lo más detallado posible de las vicisitudes esenciales del caso de cara a resolver la cuestión prejudicial, así como para que el resto de Estados miembros y otras partes interesadas puedan presentar sus observaciones, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia establece, en su artículo 94, ciertos requisitos que debe cumplir el documento de remisión de la cuestión prejudicial. Además, existen las Recomendaciones del TJUE 2019/C 380/01 a los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al planteamiento de cuestiones prejudicales, así como en España la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea (REDUE) formada por jueces para el apoyo en el planteamiento de cuestiones prejudiciales, entre otras cosas.

De hecho, en caso de que el tribunal nacional no cumpla con todos los requisitos para la remisión, el Tribunal de Justicia podrá decidir en cualquier momento, tras oír al Abogado General, inadmitir la cuestión mediante auto motivado y no continuar el procedimiento.

En este sentido, según el Auto del Tribunal de Justicia que aquí comentamos, la petición de cuestión prejudicial del Juzgado de lo Mercantil número 2, no cumplía con los requisitos por los siguientes motivos:

  • En primer lugar, el Tribunal aduce que la descripción de los hechos del caso solo menciona de forma genérica las reclamaciones de varios demandantes, siendo esta información insuficiente para que el Tribunal de Justicia determine el objecto o el contexto del procedimiento principal.
  • Además, la resolución de remisión no contiene una exposición del objeto del procedimiento principal ante el tribunal español, ni tampoco una exposición suficientemente precisa del Derecho nacional aplicable.  
  • El Auto también argumenta que la cuestión prejudicial se planteó en términos muy genéricos sin identificar específicamente las disposiciones del Reglamento 1/2003 sobre las que se suscitaba la cuestión prejudicial, y tampoco se explicó con suficiente claridad las razones que hacían dudar al tribunal español sobre la interpretación del Reglamento, ni la relación entre el derecho de la UE y el derecho aplicable al procedimiento principal.
  • Por último, los términos en los que se plantea la cuestión no permiten que el Tribunal de Justicia determine si las cuestiones se referían al procedimiento principal o eran simplemente cuestiones hipotéticas. En este sentido, el Auto especifica que según reiterada jurisprudencia, el sentido de la cuestión prejudicial no es la formulación de cuestiones sobre situaciones hipotéticas, sino en relación a la necesidad de una cuestión concreta en situaciones relacionadas con Derecho de la Unión.

En tales circunstancia, aunque la petición de cuestión prejudicial remitida por el órgano jurisdiccional nacional ha proporcionado al Tribunal de Justicia alguna información, esta es fragmentaria e insuficiente, de forma que le impide resolver la cuestión prejudicial.

Este Auto puede interpretarse como una llamada de atención a los jueces nacionales, en el que el tribunal de Justicia les recuerda la importancia de cumplir con los requisitos procedimientales en la remisión de cuestiones prejudiciales. No obstante, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid todavía puede presentar una nueva cuestión prejudicial tan pronto como esté en condiciones de proporcionar al TJUE toda la información que le permita pronunciarse sobre la cuestión.

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