precios predatorios

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El 18 de julio de 2019, la Comisión Europea impuso una multa de 242 millones de euros al fabricante multinacional de chipsets (circuitos integrados auxiliares) Qualcomm por incurrir en«precios predatorios» en el mercado de chipsets de banda base 3G, un componente que permite que los smartphones y tablets se conecten a redes móviles para transmisiones de voz y datos.

Tras una denuncia interpuesta por Icera (el principal competidor de Qualcomm) en abril de 2010, la Comisión Europea inició una investigación contra Qualcomm por supuestas prácticas abusivas en el mercado de los chipsets de banda base 3G. Tras 5 años recabando información, y a pesar de que Icera cerrara en 2015 su línea de chipsets de banda base, la Comisión Europea decidió iniciar un procedimiento formal contra Qualcomm en julio de ese mismo año. Casi 10 años después de la denuncia inicial, ha concluido que hubo infracción.

Según la decisión de la Comisión Europea, entre el 2009 y el 2011 Qualcomm poseía un 60 % de cuota del mercado en el mercado de chipsets de banda base 3G, que está caracterizado por unas barreras de entrada muy elevadas debido a, por un lado, la considerable inversión en I+D necesaria para diseñar los chipsets y, por otro lado, a que Qualcomm era titular varios derechos de propiedad intelectual.

En este contexto, según la Comisión Europea, entre el 2009 y el 2011, Qualcomm abusó de su posición dominante vendiendo chipsets de banda base 3G por debajo de sus costes totales de producción a Huawei y ZTE, dado que los precios que cobraba a sus clientes no le permitían cubrir los gastos necesarios para desarrollar y fabricar los chipsets. Según la Comisión Europea, esta práctica abusiva permitió que los ingresos de Qualcomm casi no se viesen afectados, mientras maximizaban el impacto negativo en el negocio de Icera. Como resultado, se le impuso a Qualcomm una multa que representaba el 1,27 % de su facturación.

Qualcomm ha anunciado recientemente que apelará la decisión de la Comisión Europea por considerar que no está respaldada por principios económicos y que la Comisión Europea se basó en una «teoría novedosa» de supuesta fijación de precios por debajo del coste de producción. De hecho, Qualcomm impugnó una solicitud de información presentada por la Comisión Europea en el 2017 durante la investigación, argumentando que había sido excesivamente intrusiva y acusando a la Comisión Europea de tratar de encontrar pruebas contra la empresa a cualquier coste. Sin embargo, a principios de este año, el Tribunal General de la Unión Europea determinó que la solicitud de información había sido lícita y que se ceñía al alcance de la investigación. Ahora el asunto está pendiente ante el Tribunal de Justicia.

Se trata de la segunda multa impuesta a Qualcomm, y el tercer recurso ante los tribunales de la UE en dos años, tras la multa de 997 millones de euros por un supuesto abuso de posición dominante en el mercado de chipsets de banda base LTE, por —supuestamente— exigir exclusividad a Apple a cambio del pago de cantidades «considerables» de dinero. Esta decisión ha sido recurrida ante el Tribunal de Justicia.

El asunto ha dado lugar a la primera decisión por «precios predatorios» desde el 2003, cuando la Comisión Europea decidió imponer una multa de 10,35 millones de euros a Wanadoo, filial de France Télécom, por comercializar sus servicios ADSL al público a precios inferiores a sus costes medios (asunto Wanadoo Interactive).

La duración de la investigaciones y la falta de cumplimiento pone de relieve las dificultades que afrontan las autoridades de defensa de la competencia ante investigaciones por «precios predatorios», principalmente resultantes del importante papel del análisis económico en este ámbito y de las dificultades que surgen de la necesidad de medir, distribuir y comparar los costes y precios de la empresa. Sin embargo, la decisión servirá de recordatorio a las firmas dominantes de que no todas la reducciones de precios son competitivas, y de que deben ser cautelosas a la hora de recortar precios por motivos estratégicos.

La nota de prensa de la Comisión Europea está disponible en este enlace.

Autores: Emilija Berzanskaite, Alexandre Picón y Pedro López Aránega

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