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El pasado 17 de enero de 2019 el Tribunal del Distrito Norte de California condenó a seis meses de prisión a Daniel William Aston, propietario y gerente de la compañía Trod Ltd., con sede en Reino Unido y que opera bajo el nombre comercial Buy For Less, tras haberse declarado culpable de haber acordado con otra empresa competidora fijar los precios de venta de los posters y carteles que comercializaba a través de Amazon Marketplace en Estados Unidos.

Tanto el Sr. Aston como Buy For Less son residentes del Reino Unido, pero sus productos son vendidos a consumidores estadounidenses a través de Amazon Marketplace. De acuerdo con la información que ha sido publicada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (Department of Justice, “DOJ”), entre septiembre de 2013 y enero de 2014, el Sr. Aston y otros directivos de empresas del sector se reunieron para discutir los precios de los carteles que comercializaban en Estados Unidos a través de Amazon Marketplace, y acordaron incrementar y fijar los precios de dichos carteles mediante la utilización de algoritmos que les permitían coordinar los cambios en los precios de cada compañía.

En 2015, el DOJ solicitó a la Autoridad de Competencia Británica (Competition and Markets Authority, “CMA”) la realización de inspecciones en el domicilio del Sr. Aston y en las oficinas corporativas de Buy For Less sobre la base del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua suscrito entre Reino Unido y Estados Unidos. Asimismo, el DOJ solicitó a la Interpol la emisión de una orden de arresto y extradición frente al Sr. Aston.

El Sr. Aston y Buy For Less fueron procesados por un gran jurado federal en el Distrito Norte de California el 27 de agosto de 2015. En el marco del procedimiento judicial, Buy For Less, se declaró culpable de los cargos de fijación de precios el 11 de agosto de 2016, obteniendo a cambio de su cooperación con las autoridades una reducción de la multa, que finalmente se limitó a un total de 50.000 dólares.

Sin embargo, dado que el Sr. Aston permaneció en Reino Unido y no aceptó la jurisdicción de los tribunales americanos, el procedimiento estuvo paralizado hasta mayo de 2018, momento en el que fue detenido en España mientras se encontraba de luna de miel.

Tras su detención, el Sr. Aston pasó más de cinco meses bajo custodia de las autoridades españolas mientras se resolvía su extradición a EEUU.

España finalmente denegó la solicitud de extradición y el Sr. Aston fue liberado el 25 de octubre de 2018, aunque fue obligado a permanecer en España hasta el 13 de noviembre, fecha en la que regresó a Reino Unido. Tras estos incidentes, el Sr. Aston decidió iniciar discusiones con las autoridades norteamericanas para negociar una condena convalidable por libertad condicional. Finalmente, el Sr. Aston llegó a un acuerdo con el DOJ, aceptando los cargos a cambio de una condena a seis meses de prisión, descontando aproximadamente cinco meses y medio por el tiempo cumplido en España. El Sr. Aston cumplió el resto de su sentencia bajo libertad vigilada en Estados Unidos.

Cabe señalar que, en paralelo al procedimiento judicial en Estados Unidos, la CMA también llevó a cabo una investigación, que concluyó en 2016 con una multa de 163.371 libras para la compañía, imponiendo también al Sr. Aston una inhabilitación para el ejercicio de cargos directivos en empresas del Reino Unido durante un periodo de cinco años. Fue además la primera decisión de la CMA imponiendo esta prohibición.

Este caso es un ejemplo más del firme propósito del DOJ de perseguir y procesar a individuos extranjeros por violaciones de la legislación de defensa de la competencia (la conocida como Sherman Act). Además, el caso evidencia los múltiples mecanismos con los que cuenta este organismo para actuar más allá de sus fronteras, recurriendo a instrumentos de cooperación jurídica suscritos con terceros países para realizar inspecciones fuera del territorio de EEUU, emitiendo órdenes de arresto a través de la Interpol, y logrando en algunos casos la extradición de ciudadanos extranjeros implicados en las conductas investigadas. De hecho, como explicamos aquí, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló recientemente la extradición de Alemania a Estados Unidos de un ciudadano italiano por su participación en un cártel, resultando finalmente condenado a dos años de prisión al otro lado del Atlántico.

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