marco temporal

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Como tuvimos ocasión de adelantaros en este mismo blog, el pasado 3 de abril se adoptaron las Modificaciones del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19 (“Marco Temporal”), adoptado por la Comisión Europea tan solo quince días antes.

En origen, el Marco Temporal preveía una serie de medidas estatales de ayuda a las empresas que la Comisión consideraría compatibles con artículo 107.3.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”), conforme al cual la Comisión puede autorizar las medidas de ayuda destinadas a poner remedio a una “grave perturbación de la economía de un Estado miembro”. Estos mecanismos de ayuda, que abarcaban desde subvenciones directas o ventajas fiscales a garantías públicas de préstamo, tenían por objetivo garantizar con carácter general un nivel mínimo de liquidez y acceso a la financiación por parte de las empresas.

A través de las recientes Modificaciones, la Comisión pretende ahora completar el abanico de medidas del Marco Temporal, con especial incidencia en dos frentes. En primer lugar, la previsión de medidas de ayuda estatal destinadas a acelerar o ampliar acciones específicamente relacionadas con la lucha contra la pandemia, incluyendo desde proyectos de investigación hasta la construcción de infraestructuras o la comercialización de productos relacionados con el COVID-19. En segundo lugar, la preservación del empleo, para lo cual se regulan las condiciones bajo las cuales los Estados Miembros podrán conceder ayudas como el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones o subsidios salariales. En el presente post nos centraremos en el primer conjunto de medidas; en próximos posts, completaremos la información.

Ayudas estatales para la lucha contra el COVID-19

Sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, la Comisión autorizará las ayudas estatales destinadas a (i) la investigación y desarrollo relacionada con el COVID-19; (ii) la construcción de infraestructuras de ensayo y ampliación de escala que contribuyen al desarrollo de productos relacionados con el COVID-19, como medicamentos (incluidas las vacunas) y tratamientos, ingredientes farmacéuticos activos (materias primas) o desinfectantes; y, por último, (iii) la producción de productos necesarios para la lucha contra el virus, que engloban, además de los ya mencionados, los equipos hospitalarios y médicos (incluidos respiradores y otras piezas del equipo de protección) o las herramientas de diagnóstico.

La autorización por la Comisión de estas tres categorías de medidas se encuentra sujeta a determinadas condiciones comunes:

  • Las ayudas deberán concederse en forma de subvenciones directas, anticipos reembolsables o ventajas fiscales, y, como muy tarde, hasta el 31 de diciembre de 2020.
  • Solo se considerará que las ayudas tienen un efecto incentivador en el caso de proyectos iniciados antes del 1 de febrero de este año, de forma que los proyectos iniciados con posterioridad a dicha fecha solo podrán beneficiarse de ayudas para sufragar los costes adicionales que respondan a esfuerzos de aceleración o ampliación del alcance.
  • Asimismo, se prevé que la ayuda pueda verse incrementada hasta un 15% en caso de que el proyecto responda a una colaboración trasfronteriza o cuente con el apoyo de más de un Estado Miembro.
  • Finalmente, tampoco estas nuevas ayudas podrán concederse a aquellas empresas que se encontrasen en situación de crisis con anterioridad al 31 de diciembre de 2019.

Pasamos ahora a desgranar los elementos más destacados de cada una de las tres categorías de ayuda:

Ayudas para la investigación y el desarrollo relacionados con el COVID-19. En este caso, se considerarán costes subvencionables a efectos de la concesión de las ayudas “todos los costes necesarios para el proyecto de I+D mientras este siga en curso”, pudiendo cubrir la ayuda hasta la totalidad de dichos costes en lo relativo a la investigación fundamental, y hasta el 80% para la investigación industrial y desarrollo experimental. Como contrapartida, el beneficiario de la ayuda asume el compromiso futuro de conceder licencias no exclusivas en condiciones no discriminatorias a terceros en el Espacio Económico Europeo respecto del resultado del proyecto.

Ayudas para la construcción de infraestructuras de ensayo y ampliación de escala. Los costes subvencionables son los necesarios para la creación de las infraestructuras de prueba y ampliación de escala para posibilitar la producción de los productos necesarios para la lucha contra el COVID-19.  Estas son las ayudas de menor intensidad, no pudiendo exceder del 75% de dichos costes. Se prevé, además, la obligación de completar el proyecto en los seis meses siguientes a la concesión de la ayuda, transcurridos los cuales se deberá reembolsar el 25% del importe de la ayuda por cada mes de retraso.

Ayudas para la producción de productos relacionados con el COVID-19. Los costes subvencionables se corresponden con todos los costes de inversión que resulten necesarios para la fabricación de dichos productos. En este caso, la intensidad de la ayuda no podrá superar el 80% de los costes subvencionables. Igualmente, su percepción queda condicionada al desarrollo del proyecto de inversión en el plazo de seis meses, aplicándose en caso de incumplimiento la penalización indicada en el párrafo anterior.

Estas nuevas medidas complementan a los restantes instrumentos con los que cuentan los Estados para ayudar a las empresas en esta situación de excepcionalidad. En ese sentido, en los últimos días la Comisión ha autorizado dos regímenes de ayuda notificados por España (de los que os hablábamos aquí y aquí) siguiendo el camino de otros muchos Estados Miembros.

Autores: Irene Moreno-Tapia y Pablo García

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Especialista en acuerdos de distribución y abusos de posición dominante, asesora regularmente a importantes multinacionales y fondos de inversión en materia de control de concentraciones, tanto a nivel español como comunitario, asumiendo su representación ante las instancias administrativas. Ha representado y asesorado con éxito a numerosos clientes ante las autoridades españolas en materia de defensa de la competencia, en los dos ámbitos administrativo y contencioso (acuerdos, abusos, concentraciones, ayudas públicas).

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