Ayudas de estado

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Ante la tragedia humana y sanitaria que representa la crisis del COVID-19, los gobiernos de España y otros países han adoptado medidas para paliar los severos efectos que la misma está provocando en muchos sectores de la economía. Por ello, los mismos gobiernos e instituciones en España y otros Estados miembros han anunciado ayudas, en forma de subvenciones, condonaciones de deuda o impuestos u otras medidas, dirigidas a empresas y sectores afectados por la crisis.

Las ayudas ofrecidas por las instituciones de la misma Unión Europea u otras instituciones supranacionales no pueden ser consideradas ayuda de Estado, pero para las ayudas ofrecidas por los Estados, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece un control previo por la Comisión Europea de “las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. Ayudas de este tipo deben notificarse y autorizarse con carácter previo o seran ilegales a efectos de la normativa, con el riesgo de que la Comisión ordene su devolución con intereses.

En este sentido, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 pone de manifiesto la importancia de esta normativa, y su Capítulo III, titulado “Garantía de liquidez para sostener la actividad económica ante las dificultades transitorias consecuencia de la situación”, ya prevé que los avales y la ampliación de los importes de las Líneas ICO que pueda poner en práctica el Gobierno cumplirán con la legislación de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado.

La Comisión Europea, preparada para la avalancha…

Ante la previsible avalancha de notificaciones de ayudas de los Estados miembros, la Comisión Europea ha centralizado personal y recursos fundamentalmente en esta área, en aras a agilizar lo más posible los procesos de aprobación de las ayudas. De hecho, ha creado una línea telefónica de atención específica para los Estados miembros operativa los siete días de la semana, para proporcionar asesoramiento en torno a esta cuestión (como se indica aquí).

El pasado 12 de marzo fue Dinamarca el primer país que notificó y recibió aprobación de una ayuda de 12 millones de euros dirigida a compensar los daños originados por las cancelaciones de eventos públicos a causa de la crisis del coronavirus. La Comisión Europea tardó apenas 24 horas en resolver la compatibilidad con el derecho de la UE de la ayuda planteada por el país nórdico, sobre la base de lo dispuesto por el artículo 107.2.b) del TFUE, que permite a la Comisión autorizar las ayudas otorgadas como consecuencia de un “acontecimiento excepcional”. Desde entonces, la Comisión ha recibido y aprobado ayudas solicitadas por Francia, Portugal, Alemania e Italia, además de una nueva ayuda solicitada por el gobierno danés, para beneficiar a las PYMEs del país, y que seguro serán solo las primeras de una larga lista.

De hecho, se ha publicado también una guía para orientar a los Estados Miembros en las notificaciones de ayudas amparadas bajo este precepto. La guía hace mención específica al sector del transporte, en un momento en el que especialmente las aerolíneas han manifestado su intención de solicitar ayudas a los gobiernos al haberse visto duramente azotadas por las consecuencias de la pandemia.

En este contexto, y de manera similar a como se hiciera durante la crisis financiera, el 19 de marzo la Comisión adoptó un Marco Temporal en materia de Ayudas de Estado destinado a respaldar la economía en el contexto del brote de COVID-19, esta vez sobre la base del artículo 107.3.b) del TFUE, que permite a la Comisión autorizar las medidas de ayuda destinadas a poner remedio a una “grave perturbación de la economía de un Estado miembro”.

Esta comunicación, que complementa al ya existente Reglamento relativo a las ayudas de minimis, permitirá a los Estados miembros otorgar subvenciones directas o ventajas fiscales de hasta 800.000 euros, así como conceder garantías estatales subvencionadas para los préstamos bancarios y autorizar préstamos públicos y privados con bonificación de tipos de interés, entre otras cuestiones. El Marco estará en vigor hasta finales de diciembre de 2020, y se añade a los otros recursos con los que cuentan los Estados miembros para hacer frente a la crisis y mitigar su impacto socioeconómico en línea con la normativa de la UE (y que se pueden consultar aquí).

…pero la responsabilidad es de las empresas

En todo caso, como ha reiterado la jurisprudencia de los tribunales de la Unión, aunque las medidas se adopten por la administración y son los gobiernos quienes han de notificarlas a la Comisión Europea, las empresas beneficiarias son las responsables de verificar la legalidad de la ayuda que reciben. Si la Comisión contempla que una ayuda es ilegal, podrá ordenar su devolución por parte de la empresa beneficiaria, con intereses, durante los diez años posteriores a la concesión de la ayuda.

Por ello, resulta esencial verificar que las ayudas ofrecidas, en cualquier forma y  por cualquier órgano o entidad del sector público a nivel nacional, sean autorizadas expresamente o cubiertas por una de las posibles exenciones previstas en la normativa.

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Es socio del Grupo de Competencia y Derecho de la UE de la Firma en Madrid. Previamente, trabajó en Londres, como barrister, y en Bruselas, como asociado en uno de los más reconocidos despachos a nivel mundial. Está especializado en derecho de defensa de la competencia comunitario y español. Cuenta con una gran experiencia en control de concentraciones (notificaciones de compraventa de empresas, fusiones y acuerdos de joint venture), en el asesoramiento relacionado con investigaciones de las autoridades de defensa de la competencia y la gestión de riesgos de este tipo (incluyendo el diseño, la planificación y la ejecución de auditorías y códigos de cumplimiento, así como formación de empleados y directivos) así como en ayudas de estado y otras cuestiones de derecho comunitario.

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Especialista en acuerdos de distribución y abusos de posición dominante, asesora regularmente a importantes multinacionales y fondos de inversión en materia de control de concentraciones, tanto a nivel español como comunitario, asumiendo su representación ante las instancias administrativas. Ha representado y asesorado con éxito a numerosos clientes ante las autoridades españolas en materia de defensa de la competencia, en los dos ámbitos administrativo y contencioso (acuerdos, abusos, concentraciones, ayudas públicas).

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