COVID19

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Ante la escala de la tragedia que supone la crisis del COVID-19 a nivel humano y para muchos sectores de la economía, las implicaciones desde el punto de vista del Derecho de la competencia pueden parecer de una relevancia limitada.

No obstante, empresas y ciudadanos deben saber que la normativa de defensa de la competencia continúa siendo plenamente aplicable, y las consecuencias de su incumplimiento, incluso ante estas circunstancias tan excepcionales, pueden ser importantes, incluyendo multas a empresas e individuos, reclamaciones de daños, prohibiciones de contratar con la administración y eventualmente sanciones penales.

Por ello, hemos preparado una serie de posts que describen las principales implicaciones de la crisis para el derecho de la competencia y la respuesta a las autoridades a la misma.

Las autoridades siguen trabajando y los expedientes siguen investigándose

En primer lugar, y como se explica en nuestro post COVID-19 y las autoridades de defensa de la competencia a pesar de todas las dificultades, las autoridades en España siguen trabajando, si bien de forma remota, y los expedientes de las autoridades, aunque se encuentran formalmente suspendidos por el Real Decreto 463/2020 por el que se declara el Estado de Alarma, siguen instruyéndose. Además, se están explorando otros métodos para permitir el avance en la tramitación de los expedientes a través de nuevos procedimientos y tecnologías.

De la misma forma, aunque se han suspendido las actuaciones judiciales en todas las jurisdicciones, dicha suspensión no impedirá las actuaciones urgentes e inaplazables.

Por otra parte, la Comisión Europea también ha anunciado cambios organizativos, y en Luxemburgo el Tribunal de Justicia y Tribunal General de la Unión Europea han previsto extensiones a determinados plazos.

Se aumenta tanto la vigilancia como la búsqueda de soluciones

De hecho, y como se explica en nuestro post COVID-19 y las conductas prohibidas… y permitidas, las autoridades de defensa de la competencia, tanto en España como en otros países de nuestro entorno, han anunciado su intención de aumentar la vigilancia de los acuerdos u otras prácticas anticompetitivas que, aprovechando la coyuntura, puedan resultar en precios excesivos u otras restricciones al suministro de productos necesarios para combatir el virus y sus consecuencias.

Por otro lado, las autoridades también están intentando contribuir a la búsqueda de soluciones a los muchos problemas de suministro y acceso a bienes de primera necesidad que están aflorando. En concreto, han informado de formas de colaboración que, siendo necesarias a efectos de afrontar el reto de una crisis sin precedentes, deben entenderse permitidas por la normativa, aunque impliquen la limitación de la competencia.

Se autorizan las ayudas a las empresas

En tercer lugar, como se explica en nuestro post COVID-19 y las Ayudas de Estado, los gobiernos de España y otros países han anunciado ayudas, en forma de subvenciones, condonaciones de deuda o impuestos u otras medidas, dirigidas a empresas y sectores afectados por la crisis, en el marco de las medidas adoptadas para paliar sus efectos.

En este sentido, la Comisión Europea se ha organizado para autorizar dichas ayudas a los efectos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y ha adoptado una Guía para Estados Miembros y hasta un Marco Temporal en materia de Ayudas de Estado.

No obstante, en la medida en que son las empresas beneficiarias las responsables de verificar la legalidad de la ayuda que reciben, es aconsejable analizar con cautela cualquier ayuda ofrecida por los órganos o entidades públicas a nivel estatal.

Se facilitarán las operaciones de concentración

Finalmente, como se explica en nuestro post COVID-19 y el control de concentraciones, es previsible que la crisis tenga un impacto importante en las operaciones entre empresas y su análisis por las autoridades de competencia tanto a nivel nacional como a nivel de la UE. 

En conjunto, la crisis causada por el COVID-19 podría causar cambios profundos en los mercados y sectores económicos a medio plazo, lo que sin duda tendrá grandes implicaciones también desde la perspectiva del Derecho de la competencia. Por este motivo, seguiremos informando periódicamente de cualquier novedad relevante en este blog.

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Autores:

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Es socio del Grupo de Competencia y Derecho de la UE de la Firma en Madrid. Previamente, trabajó en Londres, como barrister, y en Bruselas, como asociado en uno de los más reconocidos despachos a nivel mundial. Está especializado en derecho de defensa de la competencia comunitario y español. Cuenta con una gran experiencia en control de concentraciones (notificaciones de compraventa de empresas, fusiones y acuerdos de joint venture), en el asesoramiento relacionado con investigaciones de las autoridades de defensa de la competencia y la gestión de riesgos de este tipo (incluyendo el diseño, la planificación y la ejecución de auditorías y códigos de cumplimiento, así como formación de empleados y directivos) así como en ayudas de estado y otras cuestiones de derecho comunitario.

andrew.ward@cuatrecasas.com

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Especialista en acuerdos de distribución y abusos de posición dominante, asesora regularmente a importantes multinacionales y fondos de inversión en materia de control de concentraciones, tanto a nivel español como comunitario, asumiendo su representación ante las instancias administrativas. Ha representado y asesorado con éxito a numerosos clientes ante las autoridades españolas en materia de defensa de la competencia, en los dos ámbitos administrativo y contencioso (acuerdos, abusos, concentraciones, ayudas públicas).

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