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La Comisión Europea está dando prioridad absoluta a la adopción de decisiones en materias de ayudas de Estado relativas a la pandemia del COVID-19. Ayer, justo después de que informáramos de las decisiones que la Comisión ha adoptado hasta ahora en este frente, aprobó dos medidas notificadas por España.

Conforme al sistema establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las ayudas públicas que concedan ventajas a determinadas empresas o producciones deben ser autorizadas por la Comisión Europea a menos que estén amparadas por una exención (bien establecida directamente en el artículo 107.2 del TFUE o en el Reglamento 651/2014). En el caso de que sea precisa la autorización de la Comisión, esta debe ampararse en uno de los supuestos establecidos en el artículo 107.3 del TFUE, entre otros la necesidad de remediar una grave perturbación en la economía de un Estado miembro.

El Gobierno español ha adoptado dos sistemas de garantías públicas que pretenden facilitar, reduciendo los riesgos asociados, la concesión de préstamos y operaciones de refinanciación a favor de afectados por el COVID-19: pymes y autónomos, por un lado, y grandes empresas, por otro. Como objetivo último, las medidas buscan garantizar la liquidez necesaria para conservar puestos de trabajo y mantener la actividad durante la crisis sanitaria.

La Comisión ha considerado que ambas medidas, dotadas con un presupuesto de 20.000 millones de euros, cumplen el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19, adoptado el pasado 19 de marzo. En concreto, las medidas tienen un vencimiento y cobertura limitados, y vienen acompañadas de ciertas salvaguardas para que las ayudas beneficien efectivamente a quienes se pretende.

El citado Marco Temporal, que estará en principio vigente hasta diciembre de 2020, se refiere a cinco tipos de ayudas públicas: subvenciones directas, ventajas fiscales y anticipos; garantías estatales para préstamos concedidos por bancos a empresas; préstamos públicos bonificados a las empresas; salvaguardias para los bancos que canalizan la ayuda estatal a la economía real; seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Este Marco Temporal es un complemento de otras medidas a disposición de los Estados Miembros que no entran en el ámbito de aplicación de las normas relativas a las ayudas de Estado, como son las medidas aplicadas con carácter general a todas las empresas o sectores.

El comunicado de prensa de la Comisión está disponible aquí.

Autores: Irene Moreno-Tapia, Andrew Ward

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Es socio del Grupo de Competencia y Derecho de la UE de la Firma en Madrid. Previamente, trabajó en Londres, como barrister, y en Bruselas, como asociado en uno de los más reconocidos despachos a nivel mundial. Está especializado en derecho de defensa de la competencia comunitario y español. Cuenta con una gran experiencia en control de concentraciones (notificaciones de compraventa de empresas, fusiones y acuerdos de joint venture), en el asesoramiento relacionado con investigaciones de las autoridades de defensa de la competencia y la gestión de riesgos de este tipo (incluyendo el diseño, la planificación y la ejecución de auditorías y códigos de cumplimiento, así como formación de empleados y directivos) así como en ayudas de estado y otras cuestiones de derecho comunitario.

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Especialista en acuerdos de distribución y abusos de posición dominante, asesora regularmente a importantes multinacionales y fondos de inversión en materia de control de concentraciones, tanto a nivel español como comunitario, asumiendo su representación ante las instancias administrativas. Ha representado y asesorado con éxito a numerosos clientes ante las autoridades españolas en materia de defensa de la competencia, en los dos ámbitos administrativo y contencioso (acuerdos, abusos, concentraciones, ayudas públicas).

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