clínicas dentales

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El pasado 9 de febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) dictó una resolución mediante la que acordaba la terminación convencional de una investigación abierta contra el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (el “COEM”) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos y Estomatólogos de España (“CGCOE”), por una presunta campaña publicitaria que desprestigiaba clínicas dentales de marca comercial, considerando dicha prácticas restrictiva de la competencia y por tanto contraria a los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (“LDC”) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (“TFUE”).

La investigación trae causa de una serie de actividades por parte del COEM y CGCOE incluyendo:

  • Campañas publicitarias desaconsejando la contratación de servicios o cadenas de bajo coste (con eslóganes como “Dale a tu boca el valor que se merece”, “Por una odontología de calidad: tu boca no está de oferta”, “No abras tu boca a cualquier precio” o “Lo barato sale caro”);
  • Declaraciones públicas por parte de los colegios o sus presidentes desaconsejando a los pacientes el uso de servicios odontológicos de bajo coste, poniendo en juicio su fiabilidad y afirmando su peor calidad y publicidad engañosa;
  • La negativa injustificada a publicar en el portal de empleo del COEM ofertas de trabajo de determinadas clínicas de bajo coste; y
  • La comunicación a colegios autonómicos sobre la postura del COEM y el CGCOE con respecto de dichos servicios de bajo coste, y la invitación a adoptar la misma postura por su parte.

En vista de tal situación, en 2015 Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental, S.L. interpuso una denuncia. Tras haber iniciado la CNMC una información reservada en abril de 2015, en 2017 se recibió una segunda denuncia, por parte de Dental Global Management S.L., en la que también se denunciaba al CGCOE por supuestas conductas contrarias al artículo 1, y en esta ocasión también del artículo 3, de la LDC.

En junio de 2019 la CNMC incoó formalmente una investigación y, un mes más tarde, tanto el COEM como el CGCOE solicitaron formalmente el inicio de actuaciones tendentes a la terminación convencional del procedimiento en los términos previstos en el artículo 52 de la LDC.

La resolución de la CNMC y los compromisos de los colegios

Tras una larga negociación de casi 18 meses con la CNMC y la presentación de dos rondas de compromisos, en febrero de 2021 la CNMC acordó poner fin a la investigación mediante la adopción de una resolución de terminación convencional.

Los compromisos adoptados imponen las siguientes obligaciones a los colegios investigados:

  • Eliminar de sus cuentas o redes sociales cualquier referencia o enlace a las campañas publicitarias que las clínicas comerciales denunciaron ante la CNMC;
  • No realizar declaraciones de carácter público ni promocionar o coordinar campañas de publicidad de las que pueda deducirse una preferencia por un determinado modelo de negocio;
  • Gestionar la bolsa de empleo por parte del COEM bajo el principio de neutralidad con respecto de todos sus miembros; y
  • Reportar todas sus actividades de comunicación a la CNMC.

Además, la CNMC ha requerido a los Colegios que difundan el contenido de la resolución a todos sus colegiados, y que la publiquen en sus respectivas páginas web y redes sociales.

La CNMC vigilará el cumplimiento de los compromisos de acuerdo con los mecanismos acordados con las partes del expediente, y la infracción de los compromisos podría conllevar una multa de hasta el 10% del volumen de negocios de la entidad infractora, tratándose de una infracción muy grave del derecho de la competencia.

Las autoridades de competencia y los colegios profesionales

No es la primera vez que las autoridades resuelven un expediente en el mercado de las clínicas dentales: también han concluido expedientes mediante terminación convencional las autoridades vasca y catalana en tiempos recientes.

De hecho, el expediente pone de manifiesto de nuevo la estrecha vigilancia que la CNMC y otras autoridades ejercen sobre las prácticas de los colegios profesionales y asociaciones empresariales. En este sentido, en nuestro blog comentamos que las asociaciones de empresas están en el punto de mira de las autoridades de defensa de la competencia. La CNMC ha sancionado a distintos colegios profesionales en más de diez ocasiones desde 2015 (véanse los expedientes SACAN/31/2013, S/0491/13, S/0299/10, SACAN/31/2013, SAMAD/02/14, SAMAD/09/2013, SAMAD/09/2013 II, S/DC/0516/14, S/DC/0560/15, S/DC/0587/16, SAMUR/05/2017, SAMAD/04/2016). En la gran mayoría de casos, se refieren a prácticas por las que los colegios profesionales en cuestión ofrecían recomendaciones colectivas a sus colegiados, o limitaban de alguna manera el acceso al mercado de competidores o el ejercicio de la profesión de forma libre.

La terminación convencional en expedientes de competencia

Por otra parte, tampoco es la primera resolución por terminación convencional de la CNMC. Al contrario, esta resolución marca el décimo expediente sancionador que la CNMC resuelve mediante terminación convencional en los últimos seis años. Si bien la mayoría de los casos han sido por presuntas infracciones del artículo 1 LDC (tres por relaciones verticales y una horizontal), también ha habido expedientes llevados a su fin con este procedimiento por supuestos abusos de posición de dominio contrarios al artículo 2 de la LDC, y supuestas prácticas de competencia desleal bajo el artículo 3 de la LDC.

Los mercados y sectores afectados han sido variados: la restauración informal, el servicio de evaluación del procedimiento de calidad y excelencia, la gestión de derechos de autores y editores de contenidos musicales, la venta de ropa y calzado, los servicios de información de datos de ventas de productos farmacéuticos, la distribución y comercialización de bebidas no alcohólicas, la televisión de pago, el mantenimiento y reparación de ascensores, y el suministro de gas y electricidad.

En este sentido, cabe destacar las ventajas que tiene la terminación convencional de los expedientes ya que permite asegurar la resolución de potenciales efectos nocivos sobre la competencia que las prácticas investigadas hayan podido crear en el mercado sin necesidad de imponer una sanción al administrado, evitando asimismo la consecuente tramitación de largos y costosos procedimientos en vía jurisdiccional.

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Autores:

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mireia.prat@cuatrecasas.com

Asociada Junior

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marie.trapet@cuatrecasas.com