Hoy, 8 de junio, se celebra el Día Mundial contra la falsificación y, por ello, consideramos que es la ocasión idónea para desarrollar en esta entrada algunas cuestiones relativas al fenómeno global de la falsificación y de la piratería.

Ante las graves consecuencias que presentan estas conductas, España ha articulado distintas herramientas legales que se proponen como fin disuadir y reducir dichas prácticas.

En primer lugar, desde la perspectiva de la propiedad intelectual: la fabricación, falsificación, reproducción y distribución de obras literarias, artísticas o científicas, sin la correspondiente autorización del titular de los derechos de dichas obras, además de provocar un importante menoscabo económico que puede llegar a conllevar la desaparición de empresas y la destrucción de puestos de trabajo, también supone un importante impacto en el desarrollo cultural y en la difusión de la cultura. Es por ello, que la vulneración de dichos derechos, constituye un ilícito civil y permite la interposición de la correspondiente demanda con el fin especialmente de indemnizar el daño causado, y, en los supuestos más graves, está tipificada como delito en los artículos 270, 271 y 272 del Código Penal, castigándose con penas de prisión y multa.

En cuanto a la propiedad industrial, se considera un pilar esencial para asegurar el desarrollo tecnológico, industrial y comercial de un país y es por ello que la fabricación, falsificación, reproducción y distribución, con fines industriales y comerciales, sin el consentimiento del titular de una patente, marca o diseño debidamente registrados, supone una vulneración de los derechos en cuestión. Así, el titular de un derecho de propiedad industrial puede adoptar las medidas jurídicas previstas en el ámbito civil con el fin de restablecer su derecho y reclamar los daños y perjuicios causaos. Asimismo, el uso no autorizado de un derecho de propiedad industrial puede constituir un delito en determinados supuestos, conforme a lo establecido en los artículos 273 y 274 del Código Penal.

Sin perjuicio de las herramientas legales mencionadas, es remarcable que según afirma la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), la falsificación y la piratería causan unas pérdidas de más de 8.800 millones de euros de ventas y de 98.500 empleos cada año en España. Además, el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual cifra en más de 48.000 millones de euros –es decir, el 7,4 % de las ventas- las pérdidas que se producen en la Unión Europea cada año en nueve sectores por la presencia de artículos falsificados en el mercado.

Según afirma la EUIPO, la falsificación y la piratería causan unas pérdidas de más de 8.800 millones de euros de ventas y de 98.500 empleos cada año en España.

Si bien es cierto que el respaldo de la ciudadanía europea a la protección de los derechos de propiedad intelectual sigue siendo relevante, la última encuesta de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) revela un leve incremento en el número de europeos que tolera el consumo de falsificaciones o accede a contenido pirateado.

Concretamente, España se mantiene alrededor de cinco puntos por encima de la media europea en vulneraciones de derechos de autor y de propiedad industrial. Un 11% de los españoles admitió haber comprado deliberadamente productos falsificados -cuatro puntos más que en el resto de la UE- y un 16% descargó o accedió a transmisiones en streaming de contenidos ilícitos.

Con estas cifras, cabe concluir que existe margen de mejora en este ámbito, tanto en lo que respecta a los instrumentos legales existentes como, sobre todo, en la parte relativa a la concienciación de los consumidores.

Autores: Cristina Olesti y Jorge Monclús