NOVEDADES EN LA REGULACIÓN SOBRE DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES COMUNITARIOS A ESPAÑA

[VERSIÓN EN CASTELLANO] El pasado 26 de mayo de 2017, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 9/2017, por el que, entre otras cosas, se transpone la Directiva 2014/67/UE relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores comunitarios a España.  El Real Decreto, ya en vigor, además de regular el reconocimiento y asistencia mutuos en la notificación y ejecución transfronteriza de sanciones administrativas por incumplimiento de la normativa de desplazamiento, introduce una serie de obligaciones nuevas para las empresas del Espacio Económico Europeo que desplacen trabajadores a España,...

El TS incrementa la indemnización por cese del indefinido no fijo por cobertura de vacante en la AAPP

El Pleno del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia el 28 de marzo de 2017 en la que cambia su criterio e incrementa la indemnización del trabajador indefinido no fijo de la Administración, en caso de cese por cobertura reglamentaria de la vacante, a 20 días de salario por año de servicio, con el límite de 12 mensualidades, respecto a la indemnización de 12 de salario por año de servicio prevista en el 49.1c) ET, que venía aplicando en este tipo de supuestos.

SEGUNDO INTENTO DE LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ESTIBA Y DESESTIBA EN LOS PUERTOS DE ESPAÑA

La liberalización de servicios portuarios en España, impuesta por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014 (asunto C-576/13), mantiene abierto en este momento un proceso de transición de gran complejidad. El cumplimiento por parte del Gobierno español de la indicada Sentencia exige desmontar un sistema con varias décadas a sus espaldas, que obliga a las empresas concesionarias del servicio público de estiba y desestiba a cubrir sus necesidades de mano de obra especializada recurriendo a los estibadores portuarios de las llamadas Sociedades Anónimas de Gestión de...

EL TRIBUNAL SUPREMO REITERA QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE REGISTRAR LA JORNADA DIARIA EN LAS EMPRESAS

El Tribunal Supremo, en su reciente sentencia nº 338/2017, de fecha 20 de abril (caso ABANCA), reitera la doctrina contenida en su sentencia nº 246/2017 de 23 de marzo, declarando que las empresas, con carácter general, no están obligadas a llevar a cabo un registro de la jornada diaria y que “la obligación del empresario de anotar (registrar) se extiende sólo a las horas extraordinarias realizadas”. La sentencia previa del Tribunal Supremo de fecha 23 de marzo (dictada en el caso Bankia, en Pleno de la Sala) fue comentada en una anterior entrada a este...

¿Es obligatorio para las empresas llevar un registro de la jornada diaria?

La respuesta es que no, puesto que el Tribunal Supremo, en Pleno de la Sala, ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional en referencia al registro de la jornada diaria, dictada el 4 de diciembre de 2015 en el procedimiento de Bankia, en su reciente sentencia (núm. 246/2017), de fecha 23 de marzo, concluyendo que “la obligación del empresario de anotar (registrar) [la jornada diaria] se extiende sólo a las horas extraordinarias realizadas”.

EL CRÉDITO SINDICAL A EXAMEN

El inicio del año judicial social ha comenzado con fuerza, pues se han dictado resoluciones judiciales de importante calado, y especialmente en lo que al Derecho Sindical se refiere, con el cambio de criterio para la constitución de las Secciones Sindicales, como recientemente ha recogido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 2 de marzo 2017 donde habla del crédito sindical. No obstante, me quiero referir a las Sentencias nº 531 y nº 657/17 dictadas en 26 de enero y el 1 de febrero 2017 respectivamente, y que tienen como patrón común el crédito horario.

EL REAL DECRETO-LEY QUE REGULA EL SECTOR DE LOS ESTIBADORES CONFORME AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE

El pasado sábado 25 de febrero el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los estibadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13, habiendo entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, esto es, el 26 de febrero.